Los apoderados legales de la ANR, Wildo Almirón, Eduardo González y María Teresa Peralta, anunciaron en la víspera que la acción judicial ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) es por “propaganda prohibida” promovida contra el destituido expresidente de la República Fernando Lugo (2008-2012).
El escrito refiere que la ANR solicita calificar de violatoria de la Constitución Nacional y “engañosa campaña de propaganda electoral” iniciada por Lugo, “en razón de encontrarse inhabilitado para una eventual candidatura al cargo de presidente de la República, y en consecuencia ordene que desista de seguir con la misma”.
Según el escrito, la situación lleva a que el TSJE pueda expedirse sobre la imposibilidad que tiene Fernando Lugo y “esto debe ser ya resuelto, debido a que configura una cuestión de orden público nacional”.
En la argumentación, la demanda señala que Lugo y el Frente Guasu “alegan clara y públicamente por todos los medios de comunicación” que el mismo “sí se encuentra habilitado para poder volver a ser candidato al cargo de Presidente de la República sin necesidad de modificar por cualquiera de las dos vías posibles: Reforma o enmienda de la Constitución, artículos 289 y 290”.
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La denuncia señala que las manifestaciones del luguismo a los medios masivos de comunicación también “actúan amenazando que no existiría quién lo impugne”.
Aseguran que viola ley
La acción de la ANR refiere que Lugo “al realizar una campaña engañosa y prohibida es en clara violación a su condición de no estar habilitado para postularse a la candidatura a presidente; el mismo viola el Código Electoral, artículos 291 y 292”, que se refieren a la instigación a la desobediencia colectiva. “Queda claramente demostrado que el expresidente se encuentra realizando una campaña electoral para pujar nuevamente por la Presidencia, lo cual resulta no solo extemporánea, sino que además se encuentra constitucionalmente inhabilitado para hacerlo. Su conducta viola claramente la prohibición que se tiene para realizar una campaña bajo una propaganda instigando públicamente a la desobediencia civil”, afirma la nota.