Conocido como el “gran benefactor de Capiatá”, el empresario y propietario del Deportivo Capiatá, Erico Galeano –amigo del presidente Horacio Cartes–, es precandidato a diputado por el departamento Central por la lista 2 E.
El político capiateño, junto con el senador cartista Derlis Osorio, querelló en el 2013 al sacerdote José María Velasco y al columnista Marcos Ramón Martínez, por difamación, calumnia e injuria. Fue tras una publicación en el semanario de la iglesia Virgen de la Candelaria de Capiatá. El sacerdote señalaba a Galeano como narcotraficante, involucrado con el lavado de dinero a través del Deportivo Capiatá y en estaciones de servicio. En 2015 Galeano retiró la querella e hizo donaciones para la comunidad religiosa.
Galeano lidera una de las cinco listas de precandidatos para la diputación por Central que ofrece HC para las internas de diciembre.
La lista 2 F es liderada por el diputado Néstor Ferrer, quien busca la reelección. Es hijo del cuestionado intendente de San Lorenzo, Albino Ferrer. En su lista está el político de Areguá y exministro del Interior Miguel Tadeo Rojas, quien estuvo pocos meses al frente de la cartera de seguridad y se recuerda su muy criticada gestión durante los hechos del 31 de marzo y 1 de abril últimos, provocados por el plan ilegal de enmienda constitucional.
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En la lista 2 B está el diputado colorado Carlos Núñez Salinas, otro que busca el rekutu. Afronta un proceso judicial por contrabando.
El movimiento Colorado Añetete presenta cinco listas para Diputados por Central. Por ejemplo la lista 3, liderada por el diputado Ariel Oviedo. En esta aparece el actual diputado José María Ibáñez, quien afronta un proceso judicial en el caso “caseros”.
El legislador disidente tiene su proceso “congelado” en la Corte. Ibáñez pagaba con dinero de Diputados el salario a los cuidadores de su casa de Areguá. La Fiscalía concluyó en su momento que Ibáñez convirtió en planilleros de la Cámara Baja a tres de sus caseros. Además cobró cheques de los mismos. De acuerdo a la acusación fiscal, el perjuicio al Estado es de G. 30 millones. La expectativa de pena es de hasta cinco años de cárcel.