En mayo se hizo el anuncio oficial de la suscripción del polémico acuerdo entre la importadora estatal Petropar y la empresa denominada “Benítez y Asociados”, para la construcción e instalación de expendedoras de combustibles en dos subseccionales de la ANR en Fernando de la Mora. El contrato, que nunca fue divulgado públicamente, es por 15 años, con un alquiler fijo de G. 3 millones al mes, más 10% sobre ganancia bruta por mes. Fenecido el entendimiento, podrá ser renovado por cinco años.
El control sobre la administración lo ejercerán la ANR y la seccional colorada N° 1 de Fernando de la Mora. La primera estación de servicios convenida en el contrato fue la habilitada en la subseccional colorada N° 7, situada sobre Santa Teresa y Juan E. O’Leary, en Fernando de la Mora, Zona Norte. La gasolinera fue inaugurada en junio pasado. En tanto, la estación de servicios asentada en la subseccional colorada N° 5, ubicada sobre Mariscal López y Cerro Porteño, Fernando de la Mora, será habilitada este martes 29 de agosto, para la atención al público.
El trato dispone que el 60% del predio de la subseccional será usado para la construcción de la expendedora. Los contratos incluyen que la petrolera estatal conceda los equipos por un valor cercano a US$ 100.000. El presidente de Petropar Eddie Jara minimizó cuantas veces pudo el convenio. Dijo que Petropar “no firmó nada” con la ANR, sino con una empresa privada. Jara sí admitió en su momento que se optó por una triangulación para que los combustibles lleguen a través de una firma privada a dos seccionales coloradas, que se encargarán de la venta al público.
“Benítez y Asociados”
El presidente de la seccional colorada Nº 1 de Fernando de la Mora, Víctor Molas, refirió que “Benítez y Asociados” es una empresa que se dedica a estaciones de servicio. Explicó que la firma es dirigida por Estela Benítez de Benítez y que posee tres gasolineras con sello Petropar y otra con emblema Copetrol.
El exsenador liberal Domingo Laíno, con el patrocinio del abogado Luis Alberto Meza, solicitó el 30 de mayo pasado al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, una investigación e imputación en el caso del trato secreto entre la ANR y Petropar-sector privado.
Señala que los hechos punibles tipificados para las conductas denunciadas son lesión de confianza y asociación ilícita para delinquir, entre otros delitos.