Ocho funcionarios presentaron renuncia al cargo en la Cámara Alta, de los cuales seis eran contratados y dos permanentes.

Los funcionarios percibían salarios que oscilaban entre G. 4.100.000 y G. 1.633.333. En el Congreso renunciaron ocho contratados y un funcionario permanente, con salarios entre G. 4.400.000 y G. 1.830.000.

Los renunciantes en el Senado son: Liz Araceli Marín Antúnez, Sarah Zevaco, Carlos Alejo Enriquez Benítez, Marcelo Manuel Garay Ramírez, Higinio Alejandro Rodas Servín y María Dohnalik de Benítez, todos ellos figuraban como Contratados. Así también, Mara Dacak Aguilera (asistente personal) y Mariela Céspedes Núñez (auxiliar).

En el Congreso

Por otro lado, en el Congreso renunciaron María Gacela Torres Miranda, Víctor Enrique Candia Cohene y Juana María Brítez Almeida.

Igualmente dimitieron Isidro Daniel Lezcano, Hugo Anderson Rasmussen Sostoa y Eugenio Gómez Tamayo. Finalizan la lista María Leticia Paredes Núñez, Diego Rafael Ovando Duarte y Lorena Russo Maciel.

Culminaron funciones

Por otro lado, 10 funcionarios dejaron el Senado ante el término de funciones y la no renovación de contratos. Integran la lista Martha Monserrath Arriola Afara, Elvio Rubén Sosa, Pedro Dejesús López Pereira, Emilia Isabel Ortiz Aguayo y Christian David Meyer Salomón. A ellos sus contratos no les fueron renovados.

Así también dieron término de funciones a Jesús Augusto Rojas Ayala, Lucio Eladio Martínez Arévalos, Víctor Samuel García González, Rubén Darío Martínez Lesme y Pablo Fernández Solano López.

El exdirector de RR.HH. del Senado Arturo Lombardo (PLRA) fue alejado del cargo semanas atrás.

En medio de manifestaciones sindicales, fue nombrada en su reemplazo Miriam Arroquia. No se descarta que todos estos despidos sirvan para que operadores del oficialismo pasen a quedarse con estos cupos.