La empresa Ivesur planteó dos demandas a la Municipalidad: la primera, porque la cantidad de vehículos habilitados por la Comuna no coincidía con el número de inspecciones realizadas, haciendo referencia a una “caja paralela”; y la segunda, porque todos los vehículos que ingresan al ejido capitalino, incluso los que no tienen patentes de la capital, deben tener hecha la ITV.
Honorarios
La supuesta negligencia del entonces representante legal de la Comuna, Enrique García, al no apelar el fallo del laudo arbitral, puede provocar un perjuicio total de US$ 4.281.000 a la Comuna. Esta debe pagar US$ 3,6 millones a Ivesur y los honorarios de los abogados Juan Ernesto Villamayor y Sergio Coscia (representantes de la firma) US$ 454.000 y US$ 227.000, respectivamente.