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La proximidad de las elecciones generales de 2018 y la falta de fondos en el Partido Colorado hacen que políticos oficialistas comiencen a apretar a los funcionarios públicos para que aporten a las arcas partidarias.
En este marco el ministro Diógenes Martínez reunió a los directores generales de la secretaría de Defensa para iniciar un operativo de recaudación supuestamente voluntaria, según fuentes. Se distribuyó una nota para que el funcionario autorice un porcentaje determinado a ser descontado de su salario.
La nota generó molestias y rechazo, a tal punto que algunos se rebelaron sin tener en cuenta las represalias que podrían recibir.
El argumento de los funcionarios que cuestionan el descuento “voluntario” es que en Defensa se pagan los salarios más bajos de la administración pública. En consecuencia, sostienen que cualquier descuento les será perjudicial.
Algunos directores en Defensa dijeron a los funcionarios que el aporte es voluntario, pero muchos no creen que sea así porque los empleados en relación de dependencia son vulnerables a las presiones. De hecho, algunos ya firmaron la nota de autorización por el temor a las represalias, dijeron las fuentes.
Intentamos conocer los motivos del ministro de Defensa para empezar a aplicar el descuento, pero no pudimos ubicarlo. Llamamos a su teléfono móvil con terminación 547 pero no atendió nuestro llamado. Aguardamos el suyo para una entrevista sobre este tema que le atañe.
Los estatutos de la Asociación Nacional Republicana (ANR) establecen en su artículo 69, de las obligaciones del afiliado, el pago de un aporte que deberá ser reglamentado por la Junta de Gobierno. Actualmente todos los colorados con cargos electivos deben contribuir en forma mensual el 5% de sus ingresos. En cuanto a los funcionarios estatales, el aporte debe ser voluntario.
En la ANR se había destacado un tiempo atrás que percibían de los legisladores, con el descuento del 5%, un total de G. 109.626.800 mensuales. Cada uno de los 45 diputados colorados aportaba G. 1.638.700 por mes. Los 19 senadores colorados entregaban G. 1.888.700 mensuales. Sin embargo, las actuales autoridades de la ANR siguen quejándose de la morosidad de los concejales municipales e inclusive los amenazan con sanciones. Mientras, la Junta de Gobierno está con déficit y viene retrasando el pago de salario a sus funcionarios.