La convención extraordinaria de la ANR se inició ayer pasadas las 08:30, con el desarrollo del orden del día como la modificación del estatuto partidario para incluir las alianzas o concertaciones electorales.
El ministro de la Juventud y convencional de Caaguazú, Marcelo Soto, fue quien planteó concretar las alianzas siempre y cuando la ANR lidere esa clase de asociación con miras a las elecciones generales del 2018.
La condición para aliarse con otros partidos es que un afiliado a la ANR encabece la chapa presidencial y que se mantengan los símbolos del Partido Colorado. Al principio existieron posturas en contra de algunos convencionales que pedían que no se apruebe la moción, pero finalmente la mayoría cartista, más de 900 delegados, la aceptó.
Seguidamente, la convención extraordinaria avaló otras modificaciones del estatuto partidario, entre las que se destaca la antigüedad mínima de 1 año para ser candidato a miembro del Parlasur (infografía).
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También fueron confirmados los nuevos miembros del Tribunal Electoral Partidario, y los candidatos son: Aníbal Cabrera Verón, Vicente Aguilar, Armando Mendoza, Benito Torres y Artemio Castillo.
Para miembros titulares del Tribunal de Conducta: Gustavo Cazal, Wilfrido Soria Ávalos, Eduardo Venialgo, Darío Franco y Cayo Narváez. Para síndicos titulares: Arnaldo Samaniego, Silvio Meza y Salomón Melgarejo.
Reelección, a las hurras
La convención ordinaria se inició a las 11:30 con varios puntos en el orden del día. Poco antes del mediodía se anunció la entrada al “patio de honor” de la Junta de Gobierno del presidente Horacio Cartes, con hurras de reelección. Fue el momento propicio para el convencional y presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, mocione que el proyecto de reelección figure en el punto número 1 del orden del día. Ahí surge el convencional de Caazapá, Pedro Díaz Verón, hermano del fiscal general del Estado, Javier, quien puso a consideración un proyecto de resolución que contempla la reelección y sanciones a los parlamentarios que se opongan al mandato partidario, que fue aprobado por mayoría cartista ante el abandono de los disidentes. El artículo 201 de la Constitución establece que los legisladores no estarán sujetos a mandatos imperativos.