La modificación aprobada de la ley orgánica de la Corte busca precautelar que los camaristas que eventualmente reemplazan a los ministros de la Corte cuando estos se inhiben o son recusados en un caso, no queden en el riesgo de ser destituidos a través del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
El proyecto de ley de modificación de la ley orgánica de la Corte fue impulsado por los camaristas que integran la máxima instancia en sustitución de ministros.
Varios senadores abogaron por la aprobación, entre ellos, la senadora Georgia Arrúa (PQ), que destacó su importancia, señalando que no es justo que los camaristas que integran circunstancialmente una sala de la Corte estén desprotegidos, como les sucedió a quienes fueron acusados por la sentencia del caso Curuguaty.
Indicó que puede suceder en otros casos que puedan ser acusados ante el Jurado por un proceso que “les vino de arriba” y que ellos asumieron atender con valentía cuando otros optaron por “correr” de esa responsabilidad.
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Por su parte, el senador Sergio Godoy (ANR-HC), presidente de la Comisión de Legislación, dijo que este proyecto no lo estarían tratando si es que los miembros de la Corte en muchos casos tuvieran el coraje necesario para enfrentar y decidir acorde a la Constitución y las leyes.
Apuntó que la historia de nuestra democracia lastimosamente nos demostró que en los casos sensibles para la ciudadanía los miembros de la Corte optan por dar un paso al costado y las salas se integran con magistrados de apelación y es justo que estos tengan el mismo derecho a la protección y no sean tratados como alguien que está analizando un caso de su competencia y no como ministros de la Corte. El proyecto será girado a Cámara Baja para su estudio.
Caso Curuguaty fue motivo
La propuesta de otorgar inmunidad a los camaristas cuando reemplazan en un caso a los miembros de la Corte surgió luego de que el Jurado de Enjuiciamiento resolviese investigar a los camaristas Emiliano Rolón Fernández y Arnaldo Martínez Prieto. Los mismos fueron acusados ante el órgano juzgador por la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, por supuesto mal desempeño en el caso conocido como la masacre de Curuguaty, en donde hubo 11 campesinos y seis policías muertos el 15 de junio de 2012. Con el voto de los dos camaristas, que adujeron graves errores de la fiscalía en la investigación, el caso fue anulado y todos los campesinos condenados recuperaron su libertad.