El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se vio obligado a promulgar la Ley Nº 6120, del 24 de setiembre, por la cual se concede una reprogramación presupuestaria de casi G. 10.000 millones al Congreso Nacional. La disposición fue publicada ayer en la Gaceta Oficial de la Presidencia, con lo cual tiene fuerza de ley.
El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Julio Ullón, informó ayer en Palacio de López que el dinero estará destinado para gastos rígidos, como el servicio de personal para 2018, contratación de jornaleros, honorarios y pagos de servicios personales, entre otros.
Aseguró que la reprogramación no incluye dinero para el seguro médico de los funcionarios de las cámaras del Congreso.
Ullón dijo que el Ministerio de Hacienda debe hacer los estudios sobre el plan de caja en relación a si existen los fondos necesarios.
Por su parte, la asesora jurídica de la Presidencia de la República, abogada Mónica Seifart, refirió que de acuerdo al historial, el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Senadores el 7 de junio del 2018 y sancionado por Diputados el 20 de junio pasado.
Luego, el pedido fue objetado totalmente por el entonces jefe de Estado, Horacio Cartes, mediante el decreto N° 9171 del 9 de julio pasado.
Seguidamente, la Cámara de Diputados rechazó la objeción total del Ejecutivo el 1 de agosto y la Cámara de Senadores hizo lo propio el 6 de setiembre pasado.
Festín en Diputados
La reprogramación presupuestaria para el Congreso Nacional se suma a una decisión de la Cámara Baja, que dio media sanción este miércoles pasado a una ampliación presupuestaria de G. 5.876 millones, que servirá para cubrir el salario hasta diciembre de los funcionarios y para contratar los servicios de una auditoría externa en Recursos Humanos que corrija el “desorden” de los funcionarios en la institución.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Arnaldo Samaniego (ANR, excartista y exintendente de Asunción), sugirió al pleno aprobar con modificaciones la ampliación presupuestaria, que inicialmente estaba contemplada en G. 7.030 millones y luego quedó en G. 5.780 millones.