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18 de Octubre de 2018

| excluyen a sectores privados que contraten con estado

Aprueban hacer públicas las declaraciones juradas

La Cámara de Senadores aprobó ayer el proyecto de ley que habilita a la Contraloría a hacer públicas las declaraciones de bienes de activos y pasivos de funcionarios públicos. Se excluyó al sector privado que recibe fondos del Estado. El proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados.

Tras un intenso debate, el pleno del Senado aprobó las modificaciones al proyecto de ley que reglamenta el artículo 104 de la Constitución sobre la obligación de declaración jurada de bienes y rentas de los funcionarios públicos, presentada por el senador Paraguayo Cubas (Cruzada Nacional).

La principal modificación se dio en el artículo 3º, inciso 5) de la norma para facultar a la Contraloría General de la República a dar a conocer públicamente los datos contenidos en la declaración jurada de bienes y rentas de los funcionarios, dentro de los 15 días de haber sido presentada.

El planteo inicial del senador Cubas de disponer que la declaración jurada se debía reiterar anualmente, quedó de lado, debido a que la Constitución señala expresamente que debía hacerse al inicio y a la salida del cargo de parte de los funcionarios.

Otro de los artículos clave aprobados fue el que establece que la Contraloría debe dictaminar sobre la correspondencia entre la declaración jurada de bienes y rentas activos y pasivos presentados al asumir y al cesar en el cargo, dentro de los 30 días que se le haya presentado la declaración, luego del cese y hará público ese dictamen dentro de los 15 días. La ley vigente, no establece plazos.

En cuanto a la publicidad y publicación de las declaraciones, la modificación establece que se hará por todos los medios disponibles y de fácil acceso para la población, principalmente a través del sitio web o portal digital de la Contraloría General.

La comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara alta, que preside el colorado cartista Sergio Godoy, incluyó entre quienes debían hacer su declaración jurada a contratistas, organizaciones no gubernamentales y directivos y accionistas de empresas que tengan contratos con el Estado. La propuesta se desechó, debido a la posibilidad de que sea declarado inconstitucional, por la protección constitucional a la intimidad de las personas.

 
 

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