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SAN ANTONIO (Higinio R. Ruiz Díaz, corresponsal). Como ya se venía anunciando, siete concejales votaron a favor de la intervención. Anunciaron que esta semana enviarán la petición correspondiente al Ministerio del Interior.
Hubo dos dictámenes, uno por la aceptación del pedido de intervención y otro, presentado por cinco concejales incondicionales del intendente, por el rechazo. Triunfó la primera propuesta, con 7 votos.
La citada medida fue solicitada porque “existen sobrados indicios de la mala utilización de los recursos de la Comuna y el mal desempeño de funciones del jefe comunal”, dijo el concejal Víctor Gómez (ANR).
Afirmó que la Junta Municipal solo tuvo acceso a los documentos relacionados a royalties y Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), y que detectaron varias irregularidades, como el pago de G. 200 millones a la esposa del diputado Sergio Rojas (PLRA-llanista), Gloria Cantero, por fiscalizar una cuestionada obra de más de G. 4.000 millones.
Cantero de Rojas fue beneficiada con varias obras en forma directa y solo el año pasado se llevó más de G. 2.000 millones de la Comuna, según el edil. Además constataron que el intendente utilizó royalties para pago de salarios y las calles se encuentran en lamentable estado. “En los 4 años de gestión de este periodo 2015-2020 no hemos accedido a los documentos y se han rechazado los balances en todo este tiempo y es por eso que este año decidimos enviar todos los antecedentes a la Contraloría, porque el intendente tomaba las determinaciones solo sin la aprobación de la Junta”, enfatizó Gómez.
Recordó que el intendente mediante vetos realizaba las obras cuestionadas por la mayoría de los ediles. El rechazo del balance del periodo 2018 también lo vetó. Una fuerte dotación policial resguardaba ayer las cercanías de la municipalidad.
Atropelló una audiencia pública
El intendente de San Antonio Raúl Mendoza y su pareja la edil Lourdes Espínola encabezaron el domingo pasado la turba que atropelló la audiencia pública que convocaron concejales que cuestionan su administración. La actividad, en que los ediles estaban mostrando las presuntas irregularidades cometidas por el jefe comunal, tuvo que ser suspendida. Una pobladora, Blanca Torales, en un momento dado reclamó al intendente su conducta y le pidió que controlara a su gente, pero este, lejos de ir y apaciguar los ánimos, arrojó una guampa a la mujer y se inició una guerra campal. La audiencia se realizaba en la Plaza de los Héroes de San Antonio con mucha participación de pobladores.