La Cámara de Senadores necesitaba 23 votos para rechazar el veto del Ejecutivo –tal como lo hizo la Cámara de Diputados– a la ley que indemniza a los combatientes del golpe contra Alfredo Stroessner del 2 y 3 de febrero de 1989. Sin embargo, solamente hubo 17 votos para el rechazo. En tanto 7 senadores votaron por aceptar el veto.

Para el resultado final fueron claves las 8 abstenciones y las 13 ausencias que se registraron. El Ejecutivo desplegó un intenso lobby que finalmente rindió sus frutos. En bloque contra el veto votaron la bancada del Frente Guasu, PDP, Patria Querida, Hagamos y Cruzada Nacional. En tanto, las bancadas de liberales y colorados votaron en forma dividida.

La ley que fuera aprobada en el Congreso establece una indemnización de unos G. 243 millones (3.000 jornales mínimos) para los herederos directos de quienes hayan fallecido en los combates.

En tanto, los “gestores combatientes” que participaron directamente en los combates percibirían poco más de G. 162 millones (2.000 jornales mínimos).

A favor de la ley y en contra del veto argumentaron senadores del Frente Guasu, el senador liberal Víctor Ríos y el senador de Cruzada Nacional Paraguayo Cubas. Argumentaron que correspondía hacer justicia con gente que arriesgó y dio su vida por la democracia y que además el Estado era responsable en atender a quienes quedaron con secuelas permanentes como consecuencia de los combates.

Contra la ley y a favor del veto expusieron, entre otros, el senador liberal Dionisio Amarilla y el patriaqueridista Stephan Rasmussen. Sostuvieron que la norma era imprecisa en cuanto a los beneficiarios, que no aclaraba qué unidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional eran las afectadas, además de no discriminar entre quienes combatieron de uno y otro bando.

Tras la votación, el senador Cubas recriminó a sus colegas Blanca Ovelar, Silva Facetti, Dionisio Amarilla, Blas Llano y Enrique Riera, entre otros a quienes dedicó todo tipo de acusaciones.