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Armada acordó con quienes desviaron dinero y encarceló a los denunciantes

Este artículo tiene 10 años de antigüedad

La Armada Paraguaya acordó con al menos cinco funcionarios entre civiles y militares, la devolución de dinero cobrado indebidamente y descubierto mediante una auditoría denunciada por las autoridades del Centro Financiero. Los que descubrieron el caso están presos.

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Tres militares de alta graduación están a punto de ser condenados a 10 años de prisión, tras ser incluidos en un juicio por desvío de 1.247.335.254 guaraníes del dinero público en la Armada Paraguaya.

Se trata del Cap. DEM José Lezcano, exdirector del Centro Financiero Nº 3; Cap. DEM Favio Osmar Marecos, exjefe de Tesorería y el Tte. de Fragata Gustavo Javier Velázquez, exjefe de Recursos Humanos.

El caso se inició en agosto del 2014 cuando el Cap. Lezcano, ante indicios de irregularidades en el organismo a su cargo, solicitó a sus superiores la realización de una auditoría interna.

Mediante las verificaciones hechas se confirmó que al menos 18 funcionarios, entre militares y civiles que se encargan de procesar los salarios de los uniformados en el Centro Financiero, desviaron a sus cuentas personales una importante suma de dinero. Todos son socios y directivos de la cooperativa militar.

Ante esta situación, la oficina de Auditoría de la Armada nombró un juez sumariante, el Cap. DEM Rubén Darío Acosta Barreto, quien comenzó a convocar a los afectados y se buscó un acuerdo interno.

Los funcionarios Cap. Rufino Ortellado, el Sub. Of. Hugo Ojeda, y los funcionarios públicos Ramón Rivarola, Jorge Fleitas y Guido Martínez, reconocieron haber cometido el ilícito y firmaron un acuerdo para devolver la totalidad del dinero desviado.

El entonces director del Centro Financiero Cap. Lezcano elevó el resultado de la auditoría a sus superiores para que estos remitan a Justicia Militar.

Paralelamente junto con sus subordinados presentó una denuncia ante la fiscalía de delitos económicos.

Sorpresivamente, en setiembre del 2015, los tres uniformados que denunciaron el caso de corrupción, fueron incluidos en el proceso. Inmediatamente fueron detenidos y remitidos a la cárcel militar de Viñas Cue.

El fiscal de la causa, Mayor Sebastián Scavone, los acusó de los hechos de defraudación, falsedad, malversación y falta contra la disciplina militar y pidió condenarlos a 10 años de prisión. La defensa alega que a los acusados no se les dio espacio para defenderse.

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