En su imputación, la representante del Ministerio Público dijo que, según sus investigaciones e informes de entes públicos, en catorce años de trabajo en la función pública, Arnaldo Samaniego percibió un total de G. 220.088.887, en concepto de sueldo, aguinaldo, viático, movilidad, seguro médico y gratificaciones.

La fiscala Vallejo advirtió, sin embargo, que Samaniego invirtió nada menos que G. 600 millones entre 1995 y 2002.

La representante del Ministerio Público dijo además haber descubierto que el funcionario Samaniego poseía millonarias cuentas activas en Banco del Paraná SA, Citibank, Banco de Asunción, Interbanco y en la Cooperativa Universitaria. No se revelaron los montos existentes en esas cuentas.

Dijo que la Fiscalía también constató que en 1999 Samaniego compró un automóvil Mitsubishi Galant, modelo 1997.

Posterior a la imputación, el entonces juez de garantías Marcos Kohn decretó un embargo sobre 11 inmuebles de Samaniego González.

Las propiedades embargadas de Arnaldo Samaniego estaban distribuidas por las ciudades de Fernando  de la Mora, San Lorenzo, Quiindy, San Bernardino y Altos.

La imputación de Arnaldo Samaniego formaba parte de un grupo de varias investigaciones abiertas sobre los entonces también aduaneros Américo Pereira y Alcides Sánchez, Bernardo Ferreira, el subadministrador de la aduana del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi Leandro Leguizamón Mesina y el auditor de aduanas José Balbino Riquelme

Igualmente, en ese tiempo, el entonces fiscal Alejandro Nissen seguía los pasos al extitular de Aduanas Wilson Martínez Pico, al director de zonas francas Hermes Machuca Vargas y el asesor jurídico de la institución José De Jesús Cáceres.

Era fiscal general del Estado Óscar Latorre Cañete, quien creó una “unidad especial”, con varios fiscales, para atender los casos de los aduaneros imputados.

“Todos los fiscales tuvimos que enviar nuestras causas a esa unidad”, contó ayer a nuestro diario la exfiscala Rocío Vallejo, ante una consulta. “Yo no pedí el sobreseimiento de nadie”, agregó al recordar que fue ella quien imputó a Arnaldo Samaniego.

A principios de octubre del 2003, a menos de un año de su imputación, la fiscala Teresa Flecha, integrante de la “unidad” creada por Latorre, solicitó al juez Marcos Kohn el sobreseimiento de Arnaldo Samaniego.

La fiscala Flecha dijo que correspondía el sobreseimiento definitivo de Samaniego porque es imposible incorporar nuevos elementos de convicción en el expediente del caso.

Más tarde, el magistrado hizo lugar al pedido de la fiscala Flecha y la investigación quedó en el oparei.