Previa imposición de una fianza de G. 60 millones, el juez Gustavo Amarilla estableció que la estudiante de Derecho Nelly Carlota Cortesi Martínez deberá guardar arresto domiciliario en su casa de Ñemby.
Cortesi, quien es presidenta de la Coordinadora de Familiares de las Fuerzas Públicas, está procesada por perturbación de la paz pública, amenaza de hechos punibles, incitación a cometer hechos punibles y daño a cosas de interés común.
El Ministerio Público incluyó a Cortesi en el proceso a más de una veintena de personas por los disturbios registrados el 31 de marzo último, a raíz de un mensaje que la misma publicó en su perfil en la red social Facebook, en el que instaba a la ciudadanía a llevar combustible para incendiar el Congreso.
Algunos procesados tienen libertad bajo fianza, pero en el caso de Cortesi y otros que tienen otros delitos aparte de perturbación de la paz pública, el juzgado resolvió establecer una medida restrictiva de libertad.
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Hoy, el magistrado Gustavo Amarilla debe resolver el requerimiento de los tres procesados por supuesta elaboración de bombas del tipo molotov en el local del PLRA. Se trata de Luis Osvaldo Sánchez González, Stiben Antonio Patrón Cáceres y Marlene Tatiana Orué León, quienes intentan impedir que se les impongan restricciones durante el proceso.