Semanas atrás el Órgano Selector del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura seleccionó a tres personas para integrar el MNP por los próximos cinco años. El organismo está integrado por seis comisionados y el mandato de tres de ellos vence este mes. Esa situación afecta a Stella Cacace, Soledad Villagra y Jorge Rolón Luna.
Del llamado a concurso, que se realizó sin mucha difusión, el Órgano Selector confeccionó ternas de postulantes y de las mismas surgieron los nombres de Stella Cacace, Soledad Villagra y Dante Leguizamón. Las dos primeras fueron confirmadas por un nuevo periodo.
Cuatro de los ternados, Cecilia Pérez Rivas, Raúl Monte Domecq, María Noguera y Alfredo Gerardo Franco, dirigieron sendas notas a los tres poderes del Estado denunciando graves irregularidades cometidas por sus representantes para la designación de comisionados del MNP.
Objetaron que la convocatoria se realizó en el mayor sigilo, la audiencia pública no se notificó con 8 días de antelación, no se convocó a la ciudadanía a la audiencia pública, una de las personas electas (Dante Leguizamón) no participó de la audiencia pública, siendo ella obligatoria para los ternados, la resolución de conformación de las ternas y la decisión final de selección de comisionados no se encuentra fundada, ausencia total de parámetros objetivos de ponderación de las postulaciones, y la audiencia pública y la decisión del Órgano Selector se realizaron sin la participación del designado por el Poder Ejecutivo (Carlos María Aquino, actual director de Tránsito de la Municipalidad de Asunción) y de Alejandra González Riobóo (ya no estaría representando al Legislativo).
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Monte Domecq manifestó que se sintió con el deber de acompañar esas denuncias “porque atenta contra la construcción de la institucionalidad en un organismo que es parte del Estado paraguayo y que debe seguir para luchar contra la práctica de la tortura”. “Es una vergüenza”, recalcó.
Respecto a estas denuncias, José Carlos Rodríguez, quien integra el Órgano Selector junto a Dionisio Gauto y Mariela González, por la sociedad civil, y Pedro Mayor Martínez, Poder Judicial; Aquino, Poder Ejecutivo, y González Riobóo, Legislativo, en un comunicado, manifestó que los cuestionamientos expresados, “son inconsistentes, extemporáneos y carentes de validez”.