El intendente de Asunción, Mario Ferreiro (Avanza País), ordenó ayer pedir a la Fiscalía que investigue las irregularidades que se habrían cometido bajo la dirección jurídica del hoy contralor José Enrique García en la apelación de la condena, de un Tribunal Arbitral que obliga a la Comuna a pagar a la firma verificadora de vehículos Ivesur la suma de G. 18.975.014.366 (unos US$ 3,6 millones) en concepto de indemnización.
La denuncia será presentada esta mañana, bajo patrocinio del abogado Osvaldo Granada. El profesional confirmó ayer a nuestro diario que está trabajando en la elaboración del documento.
Dijo que de cualquier lado se está ante un hecho punible, en el caso de las contradicciones sobre si se hizo o no el pedido de nulidad del laudo arbitral.
“El director jurídico adjunto, Julio González, asegura que entregó el documento a un ujier de la municipalidad para que haga la presentación, y este a su vez señala que sí hizo, inclusive identifica a la persona que recibió”, dijo Granada. Sin embargo, desde el Tribunal de Apelaciones se asegura que el documento jamás llegó a dicha instancia.
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Granada dijo que ante cualquiera de los casos se está ante un delito penal: falsificación de documento público si finalmente se comprueba que la firma y el sello son falsos; o supresión de documento, si es que se presentó y en el tribunal no registraron.
En el caso también se habla de la comisión del delito de soborno, pues la directora de mesa de entrada Martha Camacho denunció que funcionarios a su cargo recibieron una “oferta” de G. 20.000.000 para antedatar la presentación de García.
A esto se suma la versión que desde un principio corrió en el tema, y que da cuenta de un supuesto acuerdo entre el entonces abogado de la Municipalidad e Ivesur. Esto constituiría cohecho pasivo.
“Boludo al cuadrado”
El renunciante jefe de Gabinete de la Comuna, Max Rejalaga, dijo ayer a la radio 780 que se siente un “boludo al cuadrado” al creer la versión del abogado García, quien dijo que sí presentó el pedido de nulidad.
Confirmó que este fue quien llevó al intendente el documento cuya firma al pie sería falsificada.