La investigación que está en el ojo de la tormenta tiene que ver con un supuesto negociado de servicios de alquileres en 2014, que afectó de forma directa a Ramírez Zambonini, quien ya fue imputado por contratar planilleros y era ordenador de gastos en ese momento.

Cantero indagó en abril de 2014 contratos de arrendamientos en Paraguarí, Caacupé y San Pedro en los que se inflaron 10 veces los precios y el monto de la adjudicación llegó a un millón de dólares.

Ese mismo año, el 1 de octubre, fue nombrada María Monserrat Dávalos Torres, actual pareja de Aldo Cantero y madre de su hijo, como directora, con una remuneración que ronda nada menos que los G. 20 millones en la actualidad.

Su nombramiento se dio en el momento en que el fiscal procedió a pedir la desestimación de la denuncia porque supuestamente no hubo perjuicio. Pese a su criterio, la jueza María Gricelda Caballero le había dado trámite de oposición.

La incorporación de Monserrat en la Justicia Electoral contó con el aval de los ministros Jaime Bestard y María Elena Wapenka.

Con todos estos antecedentes el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, dispuso la auditoría de la carpeta de investigación.

El análisis de la labor del fiscal Cantero será realizado por la Dirección de Control de Gestión Fiscal, a cargo del doctor Jorge Lebedich.

Coordinadora denunció

Kattya González y María Esther Roa, de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, denunciaron al fiscal Aldo Cantero ante la Fiscalía General y pidieron la auditoría de la causa de Alberto Ramírez Zambonini.

Además, solicitaron la “desafectación de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del fiscal Aldo Cantero, mientras se lleve adelante la investigación de su labor”.