/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/UC26TGAFXBHYHN2QQJ3PLMKOGQ.jpg)
Cargando...
La norma, que además de crear un Consejo Asesor del Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones también crea una Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, establece pautas de inversión del sistema jubilatorio.
El Consejo Asesor estará integrado por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda y el presidente del Banco Central del Paraguay. Su financiamiento operacional estará previsto en el presupuesto anual del Ministerio de Trabajo.
El diputado imputado Milciades Duré (PLRA, llanista de Cordillera) planteó que el Consejo Asesor también esté integrado por un representante del sector obrero y por un representante de los jubilados. Sin embargo, esta moción no prosperó por la oposición de diputados de Colorado Añetete. Finalmente fueron incluidos como miembros del Comité Asesor sobre límites de inversión.
La Superintendencia será dependiente del BCP y tendrá como autoridad máxima a un superintendente que será designado por el Ejecutivo por el periodo de cinco años. Las entidades de jubilaciones y pensiones, sean privadas o públicas, estarán sometidas a la regulación y fiscalización de la Superintendencia. El órgano tendrá como facultad reglamentar el “régimen de inversiones” de los fondos administrados por las entidades de jubilaciones y pensiones y disponer de las modificaciones que estime precedentes.
También podrá disponer la intervención o el control presencial de la gestión de las entidades de jubilaciones y pensiones, y “proponer la modificación” en la integración de los órganos de administración de dichas entidades.
El proyecto de ley violaría los artículos 95 y 103 de la Carta Magna, que establecen que la administración del fondo debe ser manejado por el aportante.
El diputado Víctor Ríos (PLRA-Ñeembucú) denunció que con el proyecto de ley se busca que el Gobierno disponga discrecionalmente de los fondos jubilatorios poniendo en peligro el bienestar de los trabajadores y jubilados. Añadió que el proyecto de ley es sumamente peligroso. La Corriente Sindical Clasista (CSC) repudió el proyecto y convocó a una movilización a definirse.