Cuando Benigno fue designado por el Ejecutivo como titular del Instituto de Previsión Social en 2013, llevó con él a varios amigos del Banco Central del Paraguay (BCP), con quienes manejó la previsional, incluso las licitaciones denunciadas como amañadas.

Una publicación del 27 de noviembre de 2013 de nuestro diario ya advertía de la rosca que López instaló en el instituto y favoreció a sus integrantes con millonarias bonificaciones.

Llevó como asesor jurídico a Andreas Ohlandt, que tenía un salario de G. 23 millones en el BCP y además cobraba en IPS G. 15.600.000 por responsabilidad en el cargo, gastos de representación y “del personal”.

El cargo de Ohlandt era clave porque era el que dictaminaba en el caso de las licitaciones. Incluso era el que respondía ante las denuncias hechas ante Contrataciones Públicas, respecto a los llamados direccionados para los amigos.

Edsel González Fariña, también del BCP, fue llevado como gerente de finanzas y cobraba mensualmente G. 47 millones. Sigue en el IPS, pero ahora como consejero en representación del Ministerio de Salud Pública.

González Fariña ya era del primer anillo de Benigno en el Banco Central.

María Epifanía González, actual ministra de la Seprelad, también se fue del BCP al IPS. Su salario era de G. 27 millones en el Banco Central, pero Benigno le otorgó G. 18 millones más en concepto de bonificación.

Armando Rodríguez tenía un sueldo de G. 25 millones en el BCP, pero percibía además G. 16.900.000, como gerente administrativo del IPS. Después fue ocupando otros cargos, como el de gerente de Logística, en donde ya firmó contratos con empresas adjudicadas por el IPS, entre ellas las firmas de Óscar Chamorro Lafarja.

Cuando Benigno renunció al IPS, le dejó a Rodríguez como titular del ente. Durante la gestión de este último explotó el caso del presunto negociado en la contratación de guardias de seguridad para la previsional. La empresa adjudicada fue la de Chamorro Lafarja. Se denunció que la licitación se direccionó para Chamorro.

Desinflar

Para “desinflar” las publicaciones incluso intervino el entonces senador liberal Dionisio Amarilla. En el caso se quiso sobornar a un periodista de nuestro diario.

Amarilla luego fue denunciado por uso indebido de influencias y el Senado le quitó la investidura.

IPS estuvo a punto de firmar el contrato con la compañía de Chamorro, SST, por G. 140.000 millones.

Contrataciones confirmó direccionamiento en llamados

En el 2017 la Dirección Nacional de Contrataciones confirmó que en el IPS se direccionaban las licitaciones para favorecer a las firmas de Óscar Chamorro Lafarja. Fue en el llamado para la “actualización, ampliación y mantenimiento del sistema integrado de vídeo vigilancia”, que se adjudicó a la empresa Bullers SA, de Chamorro.

El contrato por más de G. 24 mil millones fue firmado por el entonces gerente de Logística del IPS, Armando Rodríguez, el consejero Jorge Brítez y Chamorro.

Contrataciones había confirmado que en aquella licitación de 2017 se violó el principio de igualdad y libre competencia. En el dictamen incluso se hizo referencia al artículo 107 de la Constitución que garantiza la “libertad de concurrencia”, que pisoteó el IPS.

La DNCP se sorprendió de la “forma tan holgada como el IPS transgrede principios fundamentales de contrataciones públicas”, según el documento.