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En ocasión de contestar la excepción de inconstitucionalidad promovida por el parlamentario, la presentación del fiscal Luis Piñánez versó únicamente con relación a la aplicación del artículo 358 del Código Procesal Penal (trámite de oposición).
“Bajo ningún sentido, las normas constitucionales señaladas en el subtítulo son violatorias al artículo 358 del Código de Forma, la misma es antes que nada una facultad del magistrado en la cual antes que resolver directamente la apertura a juicio en un proceso, requiere un nuevo dictamen al órgano superior fiscal, efectivamente el magistrado posterior a la sustanciación de la audiencia preliminar ya consideró la procedencia de apertura a juicio, sin embargo, en lugar de ello (ordenar apertura a juicio) ordena que el superior jerárquico del fiscal inferior analice nuevamente el caso”, argumentó Piñánez.
Piñánez en ningún momento se refirió a la supuesta inaplicabilidad del artículo 336 de la Ley 2422/04 Código Aduanero y del artículo 246 del Código Penal, producción de documentos no auténticos. Sí lo hizo la sala constitucional en mayoría –el ministro Sindulfo Blanco y el camarista civilista Carmelo Castiglioni– que declaró la inaplicabilidad de ambos artículos, al dedicar gran parte del fallo al estudio de la inviabilidad de la aplicación de ambos artículos.
El tercer integrante de la sala, el camarista en lo civil Neri Villalba, votó en disidencia.
Este caso se inició cuando en el año 2011 se investigó a la firma Intercom Ingeniería SA, que estaba presidida por Carlos Núñez Salinas y que despachó 11 ruteadores. La Aduana le cobró un impuesto por el valor de US$ 17.706, pero luego se confirmó que el valor real de la mercadería era de US$ 1.026.028 y en realidad eran 31 decodificadores de TV.
Núñez Salinas es colega del diputado Rodrigo Blanco (hijo del ministro Blanco), quien habría operado para el fallo favorable al acusado.