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La acción, presentada bajo patrocinio de los abogados Jorge Bogarín, Bettina Legal Balmaceda y Richar Rojas, está dirigida contra el Auto Interlocutorio (A.I) Nº 998 de fecha 4 de diciembre de 2018 dictado por el juez Tadeo Fernández (actualmente suspendido por otra causa) y del A.I. Nº 47 del 15 de marzo de 2019, del Tribunal de Apelación, 3° sala. Afirma que violan garantías previstas en los artículos 16 (de la defensa en juicio), 17 (de los derechos procesales), 255 (de las inmunidades) y 225 (del procedimiento del juicio político) de la Constitución.
“La lesión concreta de las resoluciones recurridas se traduce en que se pretende procesarme por la opinión emitida en un fallo, como ministro en ejercicio del cargo en la Corte Suprema de Justicia, en clara violación de las reglas de inmunidad, debido proceso y la inviolabilidad del Derecho a la Defensa, con la consecuente estigmatización, agravio personal, profesional y económico que dichas resoluciones me trajeron aparejada, habiendo sido dictada en flagrante contradicción con las normas establecidas por nuestra Carta Magna (...)”, afirma.
Blanco plantea como medida cautelar la inejecución de las resoluciones impugnadas y ofrece garantía en dinero, en bienes muebles e inmuebles, en póliza de seguro o fianza bancaria u cualquier otro medio.