En su análisis para probar que hubo cobro indebido de honorarios, el tribunal de sentencia integrado por los jueces Elio Rubén Ovelar, Juan Carlos Zárate y Víctor Medina (quien votó en disidencia) primero evaluó la conducta del senador Víctor Bogado (cartista) para saber si este incurrió en el hecho punible, y señala que la diputada liberal Celeste Amarilla viuda de Boccia declaró en el juicio oral y refirió que en el año 2013 su marido, el ingeniero Franklin Boccia (fallecido en el 2015), recibía constantes llamadas telefónicas de parte del entonces diputado Víctor Bogado, quien le insistía en que contrate a Gabriela Quintana Venialgo en la Entidad Binacional Itaipú.
El tribunal llegó a la conclusión de que Itaipú contrató a Gabriela Quintana no porque necesitaba de sus servicios profesionales, sino por el uso indebido de influencias que realizó Bogado.
La contratación de la “niñera de oro” se dio el 4 de marzo de 2013, y al día siguiente el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Bogado, ya pidió que Itaipú comisionara a Quintana a su despacho.
Los jueces señalan que Bogado, a sabiendas de que la “niñera” era funcionaria de la Cámara que él presidía, pidió su comisionamiento, y no solo eso, sino que luego en junio solicitó, otra vez por nota, la ampliación de ese comisionamiento hasta diciembre de 2013 y para el tribunal con esa movida se facilitó que Gabriela Quintana cobrara dos sueldos.
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Siguiendo el análisis de la conducta del senador Víctor Bogado, los magistrados señalaron que fue el entonces diputado el que avaló que su funcionaria cobrara dos sueldos y evadió los controles de Recursos Humanos, para que no se descubriera el doble cobro; nunca ordenó un sumario para esclarecer el caso.
Recién cuando asumió la presidencia de la Cámara de Diputados el diputado Juan Bartolomé Ramírez, se ordenó realizar un sumario por el tema del doble cobro de Gabriela Quintana, y luego se la desvinculó de la Cámara Baja, según declaró el mismo Ramírez en juicio.
Finalmente, el tribunal de sentencia llegó a la conclusión de que el cobro indebido de honorarios de la “niñera de oro” Grabriela Quintana se dio gracias a las maniobras que hizo Víctor Bogado en la Cámara de Diputados que él presidía y en Itaipú donde usó influencias políticas y presiones para lograr el contrato de su funcionaria.
Doble sueldo
Con relación a la situación procesal de Gabriela Quintana, el tribunal señaló que se dieron todos los presupuestos para concluir que ella cometió el delito en carácter de autora.
Primero, Gabriela Quintana cobraba un salario en la Cámara de Diputados y era funcionaria pública, según surge de las pruebas documentales que se presentaron en juicio.
Segundo: Quintana, a sabiendas de que ya estaba cobrando un sueldo del Estado, firmó contrato con la Itaipú Binacional, y eso también se probó en juicio gracias a las declaraciones de los testigos, señala la sentencia. Finalmente, se comprobó que la “niñera de oro” estaba cobrando más de un sueldo, lo que prohíbe la Ley 700/96 en su artículo 2, que está vigente para ella, ya que no recurrió de inconstitucional la referida Ley, por lo que Gabriela Quintana cometió el hecho de cobro indebido de honorarios, y eso quedó probado cuando la acusada devolvió todo lo que cobró en Itaipú.
Error administrativo
La defensa del hoy condenado Víctor Bogado a lo largo del proceso y también en el juicio oral alegó que la contratación de Gabriela Quintana en Itaipú es fruto de un error administrativo y apunta que nunca se pidió al entonces director de la entidad, Franklin Boccia, que contratara a la “niñera de oro”, sino que se pidió que se la comisione a la binacional.
Sin embargo, el Ministerio Público desvirtuó totalmente esta teoría con las dos notas que el propio Víctor Bogado, en su carácter de presidente de la Cámara de Diputados, envió a Itaipú pidiendo el comisionamiento de una funcionaria que desde el 2008 trabajaba en su despacho.
Bogado no puede alegar que no conocía a Gabriela Quintana, si esta entró a trabajar en la Cámara de Diputados como funcionaria contratada en el 2008 en su oficina, y el 2010 fue nombrada.
Todos esos años, Gabriela Quintana estuvo como funcionaria personal de Víctor Bogado, por lo que no puede alegar que no sabía que ella estaba nombrada, tal como su defensa quiso hacer creer al tribunal, alegando que los contratos firmados por la “niñera de oro” con la Cámara de Diputados se hicieron bajo la presidencia de Salyn Buzarquis y no de Bogado.
Todos los presupuestos para confirmar que hubo delito de cobro indebido de honorarios se dieron y se probaron en juicio, al decir del tribunal.
Apelación
Las defensas del condenado Víctor Bogado y su “niñera de oro” Gabriela Quintana, tras retirar la copia de la sentencia, señalaron que iban a apelar el fallo. Para ello tienen diez días hábiles, que corren a partir del 10 de mayo.
También los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz señalaron que iban a revisar el fallo punto por punto y luego verán si apelan, ya que para ellos no solo el hecho de cobro indebido de honorarios fue probado, sino también el de estafa.
Habrá una manifestación
Para las 10:00 de este lunes, cuando el Senado trate la pérdida de investidura del condenado senador Víctor Bogado (ANR, cartista), los ciudadanos autoconvocados anunciaron que harán una manifestación en espera de la expulsión del legislador.
La abogada María Ester Roa, una de las líderes del grupo, señaló que iban a acompañar todo el proceso judicial de Bogado, y así lo hicieron hasta la sentencia.
Convocan a la gente frente a la plaza del Congreso para ver cómo votan los senadores.