La autorización judicial concedida ayer por la jueza penal de garantías Gricelda Caballero permite al parlamentario viajar al exterior desde el 12 hasta el 18 de abril próximos (Semana Santa). Para el efecto, la magistrada impuso previamente al abogado Fausto Portillo Lugo una fianza personal de G. 100 millones.

De acuerdo con la presentación realizada por el abogado Portillo, el motivo del viaje es que su cliente pretende “cumplir con las funciones inherentes al cargo individualizado más arriba”, cual es el de secretario de relaciones interinstitucionales del Parlamento Latinoamericano y Caribeño.

En su presentación, Bogado agrega una invitación que le fue cursada para participar en una reunión de la Junta Directiva prevista para los días 24 y 25 de marzo en México D. F., de la que no participará según explica, debido a compromisos parlamentarios a nivel nacional.

Asimismo, el parlamentario anexa a su presentación el programa de reuniones del Parlatino en el marco del IV encuentro de Medios Legislativos de Comunicación de América Latina y el Caribe, que tendrá lugar mañana y pasado en la ciudad de México.

Lo que no queda claro es qué es lo que va a hacer Bogado en Panamá en el mes de abril, país y mes distintos al evento invocado en la solicitud de permiso, más aún si se tiene en cuenta que en la página web del parlatino (http://www.parlatino.org/) el calendario de eventos del referido mes está en blanco.

“Él es secretario de relaciones interinstitucionales y la reunión ordinaria se va a hacer en México esta semana, pero si él no asiste a una reunión ordinaria, tiene que irse por lo menos a firmar los despachos, ponerse al día con los temas tratados, entonces él optó por suplir su no ida, con el viaje posterior”, explicó el abogado Portillo. 

De todas maneras, la jueza consideró que en atención al principio de la presunción de inocencia, no encuentra motivos para denegar la petición del senador Bogado, motivo por el cual le concedió la autorización, con la garantía citada previamente.

El 25 de octubre de 2013, la fiscalía imputó a Bogado por cobro indebido de honorarios y estafa, tras conocerse que la niñera de sus hijos Gabriela Quintana cobraba como funcionaria del Congreso y como funcionaria de Itaipú. El 4 de junio de 2014 la Fiscalía acusó y pidió juicio oral y público para ambos, pero el caso está paralizado.