El expediente abierto al senador y a la “niñera de oro” está lleno de chicanas, pero pese a ello ninguno de los procesados fue sancionado por los jueces, camaristas y ministros de la Corte. Es más, la Sala Constitucional tiene hace casi dos años sin resolver una acción que presentó el legislador.
Bogado, el 30 de setiembre de 2016, recurrió a la Sala Constitucional contra una resolución de la Cámara de Apelación, que confirmó al juez Óscar Delgado para seguir a cargo del proceso.
Pese a que ya transcurrieron casi dos años de la presentación, los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Sindulfo Blanco aún no dictaron resolución, haciendo lugar o rechazando la acción.
Según fuentes, Bogado estaría usando sus influencias para dilatar su proceso y evitar la realización de la audiencia preliminar, en la que se tiene que resolver si afronta o no juicio oral.
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El fiscal René Fernández y la Fiscalía General del Estado aconsejaron a la Corte que rechace la inconstitucionalidad planteada. Ahora, los ministros no tienen excusas para seguir cajoneando el expediente penal.
Juicio oral
El Ministerio Público insiste en la realización de la audiencia preliminar y en llevar a Bogado a un juicio oral, ante las pruebas irrefutables con que cuentan los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz sobre la estafa y el cobro indebido de honorarios.
Los antecedentes revelan que Bogado, en su carácter de presidente de Diputados, consiguió que la niñera de sus hijas, Gabriela Quintana, sea contratada en Itaipú, en marzo de 2013, con un sueldo de G. 8.739.300. Luego pidió que la mujer sea comisionada a la Cámara Baja, en donde también percibía un salario como funcionaria. La contratación y percepción de doble salario remuneración simultánea fue posible, según la fiscalía, gracias al legislador colorado, que para ello habría usado sus influencias.
El perjuicio al Estado con la percepción de doble salario por Quintana fue de 71 millones de guaraníes.