La exigencia de los legisladores llanistas, según fuentes, es el blanqueo del senador Cardozo, quien tiene dos acusaciones por millonarios robos al Estado cuando era ministro de Agricultura. La primera es por un desvío de G. 68.000 millones del MAG, que tenían que ser destinados a la agricultura familiar, pero que nunca llegaron a los verdaderos destinatarios. Este caso hace tres años está trabado en la Sala Constitucional de la Corte Suprema, sin que se resuelva una acción.
El segundo proceso que soporta el senador liberal es por una “tragada” de G. 3.500 millones, también cuando era ministro de Agricultura. Esta causa igualmente está cajoneada en la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial, desde febrero de 2015, y, en consecuencia, no se puede realizar ninguna diligencia en el juzgado de garantías a cargo del proceso.
Cardozo también busca liberarse totalmente de otra causa abierta en la Unidad de Delitos Económicos, en la que la fiscal Victoria Acuña ya imputó a más de 20 personas, pero hasta el momento es excluido el parlamentario. Sin embargo, este puede ser aún incluido.
Para el llanismo, es muy importante la impunidad del senador Cardozo, que ahora es candidato al Parlasur gracias a su lealtad a Blas Llano. Cardozo es del grupo de senadores que votaron por la enmienda inconstitucional.
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Según fuentes, se habría realizado una reunión en la casa de la senadora llanista Zulma Gómez, donde también estuvieron Cardozo y el senador Fernando Silva Facetti, entre otros. Supuestamente, en esa oportunidad de condicionó el sobreseimiento de Cardozo a la designada por el presidente Cartes, que es la fiscala Quiñónez. Ella, en consecuencia, para contar con los votos de los legisladores llanistas, tiene que comprometerse a blanquear a Cardozo, que en dos casos ya está acusado y en uno, investigado. En los tres casos, el desvío que se le atribuye es de US$ 20 millones, dinero que tenía que destinarse a la agricultura familiar.
Caso Bogado
Los senadores cartistas, por su lado, exigen la impunidad de Víctor Bogado, acusado como cómplice de cobro indebido de honorarios y estafa en carácter de autor, en el caso más conocido como “niñera de oro”.
Hace rato que el parlamentario viene maniobrando para salir del proceso, que viene chicaneando más de tres años. La fiscalía lo acusó el 4 de junio de 2014, y hasta ahora la justicia no define si Bogado afronta o no juicio oral. El expediente está cajoneado en la Sala Constitucional de la Corte desde octubre del año pasado, ya que presentó una acción contra la resolución de la Cámara de Apelación que confirmó como juez de la causa al magistrado Óscar Delgado.
Está probado que Bogado, cuando era presidente de Diputados, nombró a la niñera de sus hijas, Gabriela Quintana, como funcionaria permanente de la Cámara y, al mismo tiempo, consiguió que fuera contratada en Itaipú. El cobro indebido en perjuicio del Estado fue de más de G. 70 millones.
Bogado es el número 7 de la lista de senadores que encabeza el presidente Cartes para las elecciones generales de 2018. Es muy cercano al Presidente, razón por la cual el blanqueo de legislador sería también una exigencia para la designación del nuevo fiscal general.