A mediados de enero pasado, el Gobierno de Mario Abdo Benítez presentó ante el Brasil el pedido de revocatoria del estatus de refugio de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, señalando como hecho nuevo un habeas corpus que presentaron en Asunción, que violó la Ley de la Conare del vecinos país.

Según el Gobierno paraguayo, los acusados del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi presentaron en octubre del año pasado un recurso de habeas corpus, con el cual vulneraron la normativa brasileña de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare).

Consultado si existen novedades sobre el pedido paraguayo, Castiglioni señaló que “se están llevando adelante todas las diligencias”, de rigor. Dijo que tienen conocimiento de que “probablemente a fines de este mes se produciría la decisión de las instituciones del Brasil”. “Estamos esperando con mucha ansiedad eso, pero con mucho optimismo”, expresó.

Requerido sobre el aumento del pedido de indemnización ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (San José de Costa Rica), de 63 a 123 millones de dólares, respondió que no termina de sorprenderle “la caradurez de estas personas”.

“No encuentro términos para calificar la petición que es una afrenta a la ciudadanía paraguaya; a las víctimas de los secuestros que tuvimos y a quienes todavía están capturados por los que son compañeros de esta gente”, cuestionó.

Los tres paraguayos están acusados de participar del secuestro de María Edith, ocurrido en noviembre de 2001 y que fue liberada tras el pago de US$ 1 millón por parte de su familia.

Arrom y Martí huyeron del país a mediados del 2003, cuando estaban a punto de ser sometidos a juicio oral por el secuestro. En el Brasil, los prófugos obtuvieron el refugio a finales del 2003.