Buscan evitar “narcofondos”, pero ley ofrece escapatorias

La Cámara de Diputados hoy tiene en sus manos dar el primer paso para evitar que en las próximas elecciones internas se infiltre el dinero sucio en las campañas de los precandidatos. Pero, llamativamente, el proyecto le quita atribución a la Contraloría de auditar documentos e ignora a la Seprelad.

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El proyecto de ley a ser estudiado esta tarde plantea modificaciones a la Ley de Financiamiento Político N° 4743/12 y se establece que los controles del dinero que se utiliza en las campañas proselitistas se realicen a partir de las elecciones internas. La ley vigente solo es aplicada para los comicios generales.

Los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales y técnicos de la Justicia Electoral trabajaron en las modificaciones que hicieron al proyecto de ley presentado por los diputados liberales Amado Florentín y Sergio Rojas.

La comisión aconseja al plenario aprobar con modificaciones el proyecto de ley que establece controles en las internas. La norma plantea que en las elecciones internas los movimientos internos partidarios lleven un registro de los ingresos y gastos de financiamiento, organización, capacitación, formación, investigación y publicidad que realizan.

En el proyecto se incluye que también se establezcan controles en las elecciones de las autoridades partidarias que antes no estaban previstas.

Dan competencia a los Tribunales Electorales Partidarios para que ante dicha instancia se presenten las rendiciones de cuentas. Los precandidatos deben presentar un informe detallado de las contribuciones o donaciones, con indicación de su origen y monto.

Se exigirá una documentación que compruebe los ingresos provenientes de las donaciones recibidas, que serán respaldadas por recibos de membretes y RUC del movimiento respectivo, detallando los datos completos del aportante.

Luego de los 40 días posteriores a las internas, los Tribunales Electorales deben remitir a la Justicia Electoral un balance y cuadro de ingresos y egresos de campaña que serán publicados en la página web de la Justicia Electoral. “En caso de incumplimiento de esta obligación las candidaturas no serán inscriptas por el TSJE”, señala el texto. 

Con respecto a las elecciones generales modificaron que las donaciones individuales aumenten de 5.000 (G. 377.790.000) a 7.000 jornales mínimos (G. 528.906.000) por cada aportante y cada ejercicio anual. Los condenados no podrán financiar campañas.

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