Buscan excluir a padres de Rodrigo como querellantes

La aceptación de la querella de la expareja de Rodrigo Quintana, asesinado durante el atropello a la sede del PLRA, tiene como finalidad excluir del proceso a los padres y al abogado Guillermo Duarte. El comisario Tomás Paredes Palma solicitó sacarlos.

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El juez Alcides Corbeta aceptó la querella adhesiva presentada por Leticia María Redes Mora, pareja de Rodrigo Quintana en representación de la hija de ambos, S.E.Q.R., menor de edad.

Los abogados que intervienen son Óscar Fabián Ramírez Mora y Ana Mora de Ramírez, primo y tía de la expareja de Rodrigo.

Leticia Redes llamativamente fue nombrada en el Banco Nacional de Fomento luego del asesinato de Quintana, ocurrido en la madrugada del 1 de abril del año pasado.

Desde agosto de 2017, la expareja del asesinado dirigente liberal de La Colmena pretendía ingresar en la causa, pero recién se aceptó el 2 de febrero de este año. Por esta situación pidió también ahora acceder a los registros telefónicos de Horacio Cartes y su entorno, para realizar la pericia del cruce de llamadas del 31 de marzo y 1 de abril.

La aceptación de esta querella dio pie a que uno de los procesados, el comisario Tomás Paredes Palma, solicitara a través de su abogado defensor Óscar Germán Latorre, que se excluya de la querella a los padres de Rodrigo Quintana.

La finalidad a todas luces es que ya no intervenga el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, quien insistió mediante apelaciones, amparo y hasta un juicio en el fuero civil, que la justicia realice el cruce de llamadas de Cartes y personas allegadas a él, quienes podrían haber dado la orden del ingreso violento y sin orden judicial a la sede del PLRA.

Ahora, el juez Alcides Corbeta tiene que resolver la solicitud de Paredes Palma, incluido en el proceso por el atropello al PLRA. Está imputado junto al oficial Guido Amarilla por tentativa de homicidio doloso.

Por el homicidio de Rodrigo solo está imputado el suboficial segundo Gustavo Florentín, preso en la Agrupación Especializada.

La investigación del Ministerio Público está encaminada a hacer creer que el ataque violento fue en búsqueda de personas que realizaron disturbios en el centro porque no se quiere llegar a la persona que ordenó el ingreso ilegal. 

Hay 16 llamadas del empresario tabacalero José Ortiz al entonces comandante de la Policía, Crio. Críspulo Sotelo, que están en la mira.

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