“Un aspecto importante es la devolución de las atribuciones exclusivas que tenía la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde aparecía el Registro Nacional de Licencias de Conducir. En un apartado señalaba que las atribuciones de dicha dependencia serán delegadas a la Opaci. Sin embargo, eso se elimina y retornan todas esas atribuciones a la Agencia (de Tránsito)”, explicó.

De aprobarse la propuesta de la citada comisión, la Agencia Nacional de Seguridad Vial poseerá un Registro Nacional de Licencias que tendrá la obligación de informar sobre la expedición o renovación de la documentación para conducir en un plazo de 30 días.

Aclaró que la Opaci tendrá participación dentro del comité consultivo con el fin de realizar trabajos de cooperación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Pero no se le permitirá recibir transferencias por la expedición o renovación de licencias de conducir, ya que son atribuciones exclusivas del Estado y deben ser controladas por la Contraloría, además por Contrataciones Públicas.

Opaci recauda

Cada contribuyente de los 249 municipios pagan a la Opaci G. 20.000 (supuestamente baja a G. 10.000) por expedición, renovación, revalidación de registro de conducir, con lo cual esa ONG recoge anualmente unos G. 17.000 millones, sin sustento legal. Además, no presta ningún servicio a los municipalidades.

La Opaci está manejada por el clan colorado Núñez de Villa Hayes, integrado por Ricardo, Basilio y Óscar, actual diputado cartista. La Opaci retiene también ilegalmente la recaudación en concepto de impuesto a la transferencia de bienes raíces y operaciones de créditos.