El proyecto de ley plantea la reglamentación del artículo 191 de la Constitución Nacional con respecto a las inmunidades de los parlamentarios del Congreso.
El artículo 4° menciona que: “En los casos de hechos punibles que no guarden relación con las opiniones que emitan en el desempeño de sus funciones, regirán las reglas previstas en el Código Procesal Penal”.
De esta manera, la norma busca eliminar que los parlamentarios de forma automática pierdan sus fueros en los casos de delitos comunes y ya no se escuden en su inmunidad para trabar la investigación de la justicia, ni que el juez tenga que aguardar el desafuero del pleno para avanzar en el caso.
Asimismo, el proyecto de ley plantea que los parlamentarios no podrán ser imputados por la Fiscalía ni las acusaciones privadas podrán ser admitidas por los jueces o tribunales, cuando se trate de opiniones en el desempeño de sus funciones.
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En el mismo sentido, cuando se presente una denuncia o querella adhesiva, la Fiscalía requerirá su desestimación y el órgano jurisdiccional resolverá archivando las actuaciones.
Mientras que en caso de que se presente una acusación particular en contra de un legislador, el órgano jurisdiccional sin más trámite dispondrá su rechazo.
Para los casos de flagrancia y aprehensión, la autoridad interviniente pondrá al legislador bajo custodia en su residencia, comunicando y remitiendo los antecedentes del caso al Congreso.
El proyecto de ley fue presentado en noviembre del 2013, al inicio del periodo legislativo por el diputado Ávalos Mariño. Desde entonces la norma duerme el sueño de los justos en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación sin contar con dictámenes.
El diputado Éber Ovelar (ANR) también presentó una propuesta similar. Al respecto, Ávalos Mariño consideró oportuno fusionar ambos proyectos de ley en busca de lograr el tratamiento y posterior media sanción de la norma.
Durante el receso parlamentario fue aprobado por unanimidad el pedido de desafuero del diputado Carlos Portillo (PLRA), investigado por supuesto tráfico de influencias. Las duras críticas ciudadanas obligaron al representante altoparanaense a solicitar al pleno que le quiten sus fueros para someterse a la investigación.
Por su parte, el diputado Antonio Buzarquis (PLRA) dijo estar a favor del proyecto de ley. Indicó que el poseer fueros no habilita a cometer hechos punibles y que la labor del parlamentario debe estar bien diferenciada. “Le vendría bien al país. No puede ser que el Congreso se convierta en un blindaje para la impunidad de nadie. Los primeros en cumplir la ley debemos ser los congresistas y autoridades”, dijo.