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17 de Enero de 2019

| EN DICIEMBRE de 2018 presentaron las querellas

Cajonean dos denuncias contra miembros de TSJE

Las dos denuncias penales presentadas contra los tres altos miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) se encuentran cajoneadas. Según el abogado Nicolás Russo, uno de los denunciantes, el senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista) estaría detrás.

Dos denuncias penales fueron presentadas contra los tres altos miembros del TSJE: Jaime Bestard (ANR, cartista), Alberto Ramírez Zambonini (PLRA) y María Elena Wapenka (PRF), por supuestos hechos de prevaricato y atentado contra el orden constitucional.

La primera fue presentada el 5 de diciembre del 2018 a iniciativa de los miembros del Frente Guasu, quienes llevaron la denuncia hasta la Fiscalía General. Presentaron el senador Carlos Filizzola y los dirigentes Édgar Segovia, Aida Robles, Ernesto Benítez, Derlis Villagra, Óscar Rojas y Roberto Colmán.

La segunda fue radicada por el abogado Nicolás Russo por los hechos mencionados, agregando además supuesta asociación criminal en estado de flagrancia. La agente fiscal Liliana Alcaraz fue designada para investigar la querella.

Está congelada

Consultado sobre el avance de la acción que radicó, el abogado Russo expresó que la misma está paralizada actualmente. “Por los hechos sucedidos que son de público conocimiento, ya solamente amerita un estudio de derecho nomás, la imputación directa, ahí no hay nada que pueda recolectar si fue público. Evidentemente hay una orden superior para que no se toque eso”, indicó el profesional.

Consultado a quién se refería, apuntó al senador colorado cartista Javier Zacarías Irún, a quien señaló como uno de los promotores de la elección de Sandra Quiñónez como fiscala general del Estado, y que tuvo el apoyo del expresidente Horacio Cartes.

Bestard, Wapenka y Ramírez Zambonini aceptaron la renuncia presentada por la intendenta de Ciudad del Este suspendida Sandra McLeod, cuando que dicha atribución corresponde a la Junta Municipal de esa ciudad, según el artículo 53 de la Ley Orgánica Municipal.

Además, utilizaron como herramienta una acción de inconstitucionalidad que fue presentada por la jefa comunal en el 2010, y que ya había caducado.

Con estos argumentos se intentó un juicio político en la Cámara de Diputados, pero los legisladores salvaron a los ministros a cambios de cupos, según confirmó el diputado Pastor Vera Bejarano (PLRA, efrainista).

 
 

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