El director de esa repartición de la CGR, Nelson Darío Salinas, dijo que desde el 8 de enero de 2014, fecha en que entró en vigencia la citada ley, 326.000 funcionarios actualizaron su declaración jurada de bienes. Aquella cantidad representa el 60 por ciento del funcionariado. Indicó que aún resta que la presenten el 40 por ciento de los empleados del Estado que faltan.
En esta etapa están en proceso de presentación de declaración jurada de bienes los miembros de la fuerza pública: Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
La calendarización que divulgarán esta semana incluye la entrega de declaración jurada de bienes de funcionarios del Ministerio de Educación, que son aproximadamente 90.000, así como del Ministerio de Salud Pública, funcionarios de las municipalidades, de las universidades nacionales, del Poder Judicial y del Poder Legislativo.
Mucha documentación
Salinas estima que cuando culmine este proceso de actualización de declaración jurada de bienes, la Contraloría General dispondrá de un poco más de 600.000 documentaciones sobre el patrimonio del funcionariado.
El citado directivo del organismo de control reiteró que para analizar toda esa documentación y realizar el examen de correspondencia –entre lo declarado y lo que realmente se observa que tienen– necesita de más recursos e infraestructura, de modo que pueda hacerlo debidamente.
Sanciones e inhabilitación
Por otra parte, la no presentación en tiempo y forma de la declaración jurada de bienes tiene sanciones e inhabilitaciones para ejercer la función pública por 5 y 10 años, según el caso.
Las multas son de 300 jornales mínimos legales, inhabilitación por 10 años e incluso cesantía si el funcionario no presenta su documentación dentro del término legal; multa de 200 jornales mínimos legales, cesantía con inhabilitación para ocupar cargos públicos por 5 años si no presenta documentos e información adicional requeridos por la CGR.
El contralor general sancionará a funcionarios responsables de instituciones con 500 jornales, cesantía e inhabilitación por 10 años, según la gravedad de la falta, se informó. La Contraloría está dirigida ahora por el contralor Enrique García, exdirector jurídico de la Municipalidad de Asunción.