El asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) manifestó su preocupación con relación a la eventual promulgación de las modificaciones a la Ley de Financiamiento Político por parte del Ejecutivo.
Indicó que la normativa debilita a los organismos, eliminando los plazos de la transferencias y los controles de los aportes estatales. Explicó que con la ley lo que se permite es aumentar el subsidio a costa de debilitar los mecanismos de control.
El asesor del órgano electoral considera que la normativa va a contramano con los controles que se pretendían establecer a la financiación de los partidos, que si bien no eran rigurosos significaban un primer paso. Incluso dijo que evitar la rendición de cuentas de las elecciones por ley es inconstitucional, ya que la propia Contraloría General de la República se basa en la Constitución Nacional para exigir los controles del dinero público. “Es un retroceso y es inconstitucional”, enfatizó.
Integrantes de la Comisión de Financiamiento aguardan la decisión del presidente de la República Horacio Cartes quien finalmente definirá si promulga, veta total o parcialmente la ley recientemente sancionada en el Congreso.
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Rolón adelantó que en caso de que la ley sea promulgada, el órgano electoral trabajará en un nuevo proyecto de ley que vuelva a establecer los controles del dinero que reciben los partidos. Añadió que incluso para evitar el dinero ilícito debería existir un concurso de varias instituciones como la Seprelad, la Fiscalía, la Sub Secretaría de Estado y la Contraloría. También dijo que la bancarización de las cuentas de los políticos ayudaría en gran medida a controlar el dinero que manejan. Rolón consideró incluso que el primer filtro para seleccionar a buenos candidatos deberían ser los Tribunales partidarios y los líderes políticos.
También expresó que –hasta que el Poder Ejecutivo diga lo contrario– el balance de los gastos en las campañas municipales debe ser presentado hasta el 26 de diciembre.
No descarta que el TSJE emita una resolución que extienda el plazo hasta el 28 de diciembre.