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Desde mayo pasado el expediente se encuentra en la Cámara de Apelación, debido a que el acusado diputado presentó una apelación contra la providencia que fijaba la audiencia preliminar para el parlamentario y la otra procesada la abogada Lucía Escobar.
Con este incidente, la jueza penal de garantías de Ciudad del Este Cinthia Garcete no puede fijar la fecha para la diligencia y el diputado Carlos Portillo gana tiempo, para seguir ocupando su banca en la Cámara Baja, mientras no avanza su proceso penal.
También está pendiente de resolución una apelación sobre la pericia de los teléfonos celulares de Portillo y la denunciante Auda Angélica Fleitas.
La fiscala Liliana Alcaraz solicitó la pericia de los aparatos, para poder comprobar que existen mensajes entre el diputado y Fleitas, donde se hizo el pedido de dinero, sin embargo, la diligencia está pendiente desde hace meses porque la Cámara de Apelación tampoco se expide al respecto.
La imputación
El 9 de enero de 2018, la fiscala Liliana Alcaraz presentó imputación contra el diputado Carlos Portillo por los hechos punibles de soborno, en grado de autor; cohecho pasivo, como cómplice, y asociación criminal. La imputación incluye a la abogada Escobar. Esto luego de que se filtraran varios audios donde se oye a Portillo pedirle US$ 3.000 a Auda Fleitas para que él logre con sus influencias “ayudarla” en un proceso penal que se estaba tramitando en Ciudad del Este. También como intermediaria apareció en los audios la abogada Escobar, quien era la persona que designó el diputado liberal para que se la que cobre el dinero.
Portillo no se somete a la justicia y presenta una serie de chicanas para ir alargando su proceso penal, también maniobró en la Cámara de Diputados, para no ser expulsado. Por hechos similares, los senadores Óscar González Daher (ANR, cartista) y Jorge Oviedo Matto (Unace), ambos imputados, perdieron su investidura.
El diputado maneja su proceso
El acusado diputado Carlos Portillo (PLRA, efrainista) maneja a su antojo el proceso en su contra desde el 28 de agosto de 2018, cuando la Cámara de Apelación integrada por Pedro Mayor Martínez, Gustavo Ocampo y Gustavo Santander (con voto en disidencia de éste último) decidió que el proceso sea tramitado en los tribunales de Ciudad del Este.
Previamente la fiscala Liliana Alcaraz solicitó el peritaje de los teléfonos celulares de Portillo y la denunciante Auda Fleitas y hasta la fecha –a casi un año– la diligencia no se realizó. Portillo maneja los hilos de la justicia en la zona de Alto Paraná, con total impunidad, litigando de mala fe, sin que se tomen medidas desde la administración de justicia.