La cuestión en debate se remonta hasta octubre pasado, cuando la juez admitió una querella por supuesta difamación, calumnia e injuria promovida contra el director de nuestro diario por Bogado, acusado por estafa y cobro indebido de honorarios tras descubrirse que la niñera de sus hijos cobraba como funcionaria de Itaipú y de Diputados.

La magistrada dispuso la realización de una audiencia de conciliación en la Oficina de Mediación, fijada para el 12 de octubre pasado, contra la cual los abogados Rodrigo Yódice y César Coll Rodríguez interpusieron un recurso de reposición con apelación en subsidio.

La defensa cuestiona la decisión de la magistrada de admitir la querella sin antes pedir el desafuero del accionante, en cumplimiento del principio de igualdad entre las partes. La jueza persiste en su postura.

“Precisamente por el cargo que ostenta el querellante autónomo Víctor Alcides Bogado y la inmunidad parlamentaria que posee, le genera posibilidades de obtener a su favor en la Justicia determinaciones que convengan a sus intereses, posicionándolo en una situación de privilegio a su favor y de desigualdad respecto a nuestro mandante, dado que el mismo para ser sujeto de un proceso debe despojarse del blindaje –mal utilizado y totalmente distorsionado por la clase política en Paraguay– que supone la inmunidad que posee y, sin embargo, en esta causa penal dicho beneficioso lo expone con una ventaja manifiesta no solo desde la perspectiva de la influencia que supone el cargo, sino fundamentalmente a la luz del principio de igualdad ante la justicia, que, en el caso concreto, en modo alguno acontece”, afirmó Yódice. 

Esta acción tiene relación con una publicación del 9 de setiembre pasado sobre el caso del “mecánico de oro” Miguel Ángel Carballo Gómez, titulada “Lujosos bienes y acciones siguen a nombre del testaferro de Bogado”, procesado por cobrar doble salario como funcionario de Diputados y de la Comuna capitalina.