Los abogados Guillermo Duarte y Santiago Lovera, en representación de los padres de Rodrigo Quintana habían apelado el rechazo que hizo el juez Alcides Corbeta de realizar un control jurisdiccional.
Los profesionales recurrieron al magistrado porque la fiscala Raquel Fernández se negó a pedir los registros telefónicos de Cartes, del empresario tabacalero José Ortiz y del abogado de Yacyretá Luis Canillas, entre otros políticos.
Las personas mencionadas aparecen en insistentes comunicaciones con el excomandante de Policía Crio. Críspulo Sotelo, entre el 31 de marzo y 1 de abril último, cuando se produjo el ataque ilegal a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y el homicidio del dirigente Rodrigo Quintana. La querella busca llegar con ello al que ordenó el ingreso al citado local partidario.
Corbeta había indicado que era el Ministerio Público el que llevaba adelante la pesquisa, y por eso rechazó el pedido.
Ahora, los camaristas Delio Vera Navarro, José Agustín Fernández y Bibiana Benítez, de la Segunda Sala, indicaron que esa sentencia no está fundada debidamente. “La resolución apelada debió fundarse en la normativa vigente, respetando el precepto legal, no así en la decisión del Ministerio Público...”, dice el fallo.
Se agrega que “al actuar de los jueces les rige estrictamente los principios de imparcialidad e independencia y esto significa que los jueces deben actuar libres de toda injerencia e intromisión externa, que pudiera afectar a su imparcialidad”.
En cuanto al control jurisdiccional en sí, la Cámara indica que está establecido el principio de “amplitud probatoria” en razón del cual tanto el juez como el tribunal tienen la potestad para admitir todas las pruebas y diligencias que puedan conducir a la verdad, sin que, obviamente esto signifique la vulneración de las normativas constitucionales y procesales vigentes, para apreciarlas mediante la sana crítica.
Para los camaristas, resulta pertinente realizar cruces de llamadas “ya que los mismos podrían conducir a la verdad y esclarecimiento de los hechos”.
Por este motivo revocaron el fallo de Corbeta y ordenaron el diligenciamiento del pedido de informes a las compañías de telefonía celular.
Registros en peligro
La justicia tardó más de dos meses en definir que corresponde solicitar a las telefonías celulares los registros telefónicos de Horacio Cartes y su entorno, para ser sometidos a pericia. El tiempo puede jugar en contra de las pretensiones de la querella debido a que el 1 de octubre pasado se cumplieron los seis meses establecidos en la práctica de resguardo de esos datos, según precisó el abogado Guillermo Duarte. Sin embargo, el profesional confía en que los registros siguen almacenados.