Ante las sospechas de corrupción, entre ellas la mala utilización de recursos humanos y financieros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), la Coordinadora de Abogados del Paraguay que preside Kattya Mabel González, solicitó informes al órgano juzgador.
La Coordinadora pidió al JEM que preside el senador colorado cartista Óscar González Daher, que informe sobre 43 funcionarios a los que se pagó en el 2016 más de G. 845 millones, quienes serían operadores políticos o simplemente planilleros.
También se solicitaron las copias de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del JEM, donde se asientan los votos de sus miembros para destituir, sancionar, o simplemente, para no abrir enjuiciamientos a jueces y fiscales.
El 20 de junio de 2017, el JEM respondió que los datos requeridos por la Coordinadora de Abogados, se encontraban en el portal digital de la institución.
Ante la negativa del JEM de dar informes públicos relevantes, la Coordinadora recurrió por medio de una acción de amparo.
El 9 de agosto, el juez en lo civil y comercial del 2º turno de la capital Arnaldo Martínez Rozzano, concedió parcialmente a la Coordinadora, la demanda de amparo solicitado.
Pero no ordenó al JEM que entregue las copias de las actas de sesiones del 2015 y 2016, tampoco se expidió para que se informe sobre el trabajo específico que supuestamente realizaron los 43 funcionarios contratados en el 2016 y 2017, según la planilla de remuneraciones.
En segunda instancia
Luego de no llenar las expectativas de la Coordinadora de Abogados, recurrió en segunda instancia y fue a parar a la Cámara de Apelaciones, 6ª Sala, integrada por Mirtha Elena Ozuna de Cazal, Olga Ninfa Talavera y Alberto Martínez Simón, quienes sí concedieron la totalidad de los puntos solicitados por el gremio de letrados.
Además de los informes ya mencionados, el JEM también debe proveer datos sobre los Autos Interlocutorios emitidos entre los años 2015 y 2016, según la resolución de la Cámara.
Empero, el Tribunal de Apelaciones al igual que el juzgado de 1ª instancia, no se animaron a imponer las costas al Jurado, o en la persona del senador González Daher, quien a juicio de los amparistas debió ser calificado como litigante de mala fe, por ocultar ex profeso, los datos que se le solicitó.
Los camaristas argumentaron que González Daher no fue demandado en este juicio de amparo, y a pesar de ser vencido, los magistrados ordenaron que cada uno asuma sus gastos.