El artículo 1 del proyecto dice que son ministros de la Corte Suprema de Justicia los designados como tales, conforme a los mecanismos establecidos en la Constitución. Agrega que son “igualmente aquellos magistrados que en el ejercicio de la función jurisdiccional integran la Corte por inhibición, recusación o ausencia de sus miembros naturales”.
En el artículo 2 apunta que en caso de que “incurran en la comisión de delitos o mal desempeño de funciones, solo podrán ser, si correspondiere, sometidos a juicio político”.
“Sentada la premisa de que los miembros de Tribunales que integran la Corte en un expediente determinado por excusación de los ministros naturales tienen el mismo nivel funcional que estos; que tienen el mismo desempeño jurisdiccional que los ministros naturales y que asumen las mismas e idénticas responsabilidades que los mismos, tal premisa no puede ser sino tener directas consecuencias en cuanto a los mecanismos que deben ser implementados en caso de que tales magistrados incurran en hechos punibles o mal desempeño de funciones con motivo de esa función jurisdiccional en ese específico expediente”, dice parte de la exposición de motivos del proyecto.
Agrega que la “consecuencia directa de la premisa que ha sido establecida es que, en tal supuesto, no debieran ser sometidos a enjuiciamiento ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), sino al procedimiento de juicio político, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 225 de la Constitución”.
Los camaristas apuran la presentación del proyecto, luego de que el Jurado haya resuelto investigar a sus colegas Emiliano Rolón Fernández y Arnaldo Martínez Prieto. Los mismos fueron acusados ante el órgano juzgador por la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, por supuesto mal desempeño en funciones en el caso conocido como la masacre de Curuguaty, en donde hubo 17 muertos (11 campesinos y seis policías) el 15 de junio de 2012. Este hecho tuvo consecuencias políticas en nuestro país porque el 22 de junio de 2012 fue destituido vía juicio político por el Congreso Nacional por mal desempeño de funciones el presidente Fernando Lugo. Asumió en su reemplazo el vicepresidente de la República Federico Franco (PLRA).
Rolón Fernández y Martínez Prieto votaron por desvincular a todos los campesinos condenados, en primera y segunda instancia. El camarista Cristóbal Sánchez votó por un nuevo juicio.
El Jurado alega que existen precedentes de que el órgano tiene atribuciones de juzgar a los camaristas, que siguen siendo tales y no ministros de la Corte.
La propuesta va a generar un debate antes de su rechazo o aprobación. Tendrá entrada en el Senado y este jueves en la sesión ordinaria se remitirá a las comisiones.