Camilo Soares enfrentará juicio oral por la supuesta sobrefacturación de coquitos

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Tras la elevación a juicio oral de su proceso por corrupción, en el caso “coquito de oro”, Camilo Soares culpó a ABC de tener interés en el pleito y que hay “motivaciones políticas” detrás. Lo que no explicó es por qué compró alimentos sobrefacturados.

A cinco años de haberse presentado la acusación por lesión de confianza, por la entonces fiscala Rocío Vallejo, finalmente ayer a la tarde el juez penal de garantías Paublino Escobar elevó la causa a juicio oral.

Tras la decisión tomada por el juzgado, Camilo dijo que “hay motivaciones políticas de sectores que en el 2008 no se resignaron a haber perdido las elecciones, y se pusieron de acuerdo con empresarios poderosos que tenían intereses en generar un clima de adversidad político, ideológico. Me refiero específicamente al diario ABC Color”, indicó en tribunales, ayer el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

Luego, Camilo intentó justificar que no es un “chicanero”. Recordó que la audiencia preliminar iniciada en diciembre de 2014 por el juez Pedro Mayor Martínez (actual camarista), fue pospuesta porque la Corte demoró casi un año en expedirse sobre una consulta.

Empero, Camilo no recordó que su proceso se inició en 2009 cuando la Fiscalía lo imputó por haber ocasionado un supuesto perjuicio de unos G. 1.200 millones, y que desde entonces, a raíz de los recursos dilatorios, ni siquiera se le pudo imponer las medidas cautelares. Además, cinco años chicaneó para eludir la realización de la audiencia preliminar realizada ayer.

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Camilo tampoco explica por qué compró coquitos y palitos a casi G. 10.000 cada kilo, cuando que en el 2009 el precio de venta al por menor rondaba los G. 4.500.

También enfrentará juicio oral por lesión de confianza Alfredo Guachiré, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones de la SEN.

Multado por chicanero

- En marzo de 2014, el entonces juez penal de garantías Pedro Juan Mayor Martínez sancionó con 25 días-multa a Camilo Soares, por trabar en reiteradas ocasiones su audiencia preliminar. La sanción representó unos G. 7.500.000, que luego apeló ante la Cámara que confirmó la imposición de la medida disciplinaria.

El abogado Álvaro Arias, representante de Soares, no fue sancionado.

- La elevación a juicio oral es inapelable, pero es muy probable que Camilo presente algún recurso ante la Cámara.