Rubén Ortiz, director de Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores, confirmó ayer que actualmente la institución enfrenta 35 procesos judiciales y admitió que eso podría representar un costo millonario para el Estado. “No tenemos una estimación final porque depende de la conclusión de los juicios y de la base de cálculo actuarial que se haga en la justicia, pero sin duda podría significar un muy alto costo para el Estado”, indicó.
Solo en los casos más recientes que involucraron a Víctor Hugo Peña, actual director de Planificación Política, y Gustavo Miranda, funcionario con rango de consejero, el Estado pagó cerca de dos millones y medio de dólares americanos.
El director de Asuntos Legales explicó que casi todos los procesos son acciones presentadas años atrás por funcionarios que reclaman indemnización y reincorporación a la entidad. “Muchos son juicios que se iniciaron hace 10 o 20 años atrás”, insistió. Aclaró también que los funcionarios que demandan a la institución son reincorporados por orden judicial porque en la presentación ante la justicia no solo plantean indemnizaciones sino también volver a la institución.
Detalló que de los 35 litigios en curso una gran mayoría está en la etapa final ante la Corte Suprema de Justicia, adonde llegan en grado de apelación, atendiendo que las partes van recurriendo los fallos en cada instancia.
Entre las demandas en curso que piden reincorporación o indemnización están, entre otros, la de Lincoln Alfieri exsecretario privado de la presidencia de la República durante el mandado de Luis Ángel González Macchi. Alfieri fue fotografiado con un fusil durante los sucesos de marzo de 1999 cuando siete jóvenes fueron muertos en las plazas frente al Congreso; el del actual consejero en La Habana (Cuba), Arnaldo Salazar y el de Raúl Gastó, actual Coordinador de la Unidad de Asuntos Ambientales del ministerio.
A inicios de esta semana también llegó al ministerio la notificación judicial de una demanda promovida por la empresa Buena Suerte SAIC que administra la Quinta Ykua Sati y que de acuerdo con Contrataciones Públicas tiene como representante legal a Manuel Ibarra de Barros. Reclama el pago de 1.175 millones de guaraníes por servicios prestados durante la gestión como ministro de Jorge Lara Castro, quien ejerció el cargo durante la presidencia de Fernando Lugo.
De este paquete de demandas diez a quince 15 podrían quedar archivadas, atendiendo que varios de los funcionarios que piden su incorporación se apoyan en la parte final de la Ley 1335/99 que establece el servicio diplomático. Sostienen que el artículo 56 de la norma, al disponer la incorporación al escalafón diplomático, les habilita a hacer el reclamo y ser incluidos sin más trámite. Sin embargo en 2013 la Corte Suprema de Justicia, en un fallo relativo al tema, dispuso que la aplicación del artículo 56 era por única vez y en ningún caso podría tomarse como argumento para posteriormente solicitar el reingreso a la institución.
Ortiz admitió que este fallo podría archivar una partida de demandas. Sin embargo aclaró que esa decisión está en manos de la Corte Suprema. “Tenemos que esperar la decisión que toma la justicia, pero nosotros creemos que ese fallo de la Corte Suprema de Justicia podría ser un elemento a favor del Ministerio”, indicó.