La denuncia formulada por el abogado Carlos Brañas Gadea sostiene que Piccinini y los otros consejeros Basilio y Óscar Venancio Núñez y Juan Carlos Aveiro se arrogaron funciones que no les correspondían y sobrepasaron decretos del Poder Ejecutivo para beneficiar a empresas de transporte por unos 7 millones de dólares al tipo de cambio de esa época proveniente de fondos del Banco Nacional de Fomento (BNF).
Brañas Gadea, quien también era consejero de la Setama en ese momento, denunció a la Contraloría General de la República que los anteriormente citados omitieron la clara disposición de los decretos 7506/00 y 7805/00, vigentes en ese entonces, que establecían que a las empresas morosas con el Banco Nacional de Fomento (BNF) no se les renovará el permiso o concesión para la explotación de sus correspondientes itinerarios”.
Las empresas Curupayty SRL (línea 12), Automotores Guaraní SA (línea 15) y la empresa Ykua Satí SRL (línea 3) tenían una mora con el BNF de US$ 7.800.000, pero aún así Piccinini y los demás consejeros de Setama aprobaron por simple resolución, la renovación de sus permisos, violando así el artículo 137 de la Constitución Nacional que establece la orden de prelación de las leyes.
Hugo Piccinini es uno de los nombres que suena para ocupar el cargo de director del SNPP, según fuentes del mismo gobierno, apadrinado por el jefe de Gabinete de la Presidencia, Julio Ullón.
No obstante, hasta ahora la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo (de quien depende el SNPP), no ha designado dicho cargo.