Canillas recusa a jueza para evitar que se pidan registros

El entorno cartista empezó a chicanear para evitar que la justicia se expida sobre los pedidos de registros telefónicos de Horacio Cartes y sus allegados, del 31 de marzo y 1 de abril. Luis Canillas recusó a una jueza en el fuero civil, y en lo penal, el expediente se envió a la Cámara.

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Canillas esbozó una recusación con causa contra la jueza del noveno turno en lo Civil y Comercial, Mafalda Cameron. Dijo que la misma tiene afinidad con el Partido Liberal Radical Auténtico.

El PLRA instauró un juicio de diligencias preparatorias para una demanda de indemnización de daños y perjuicios para intentar frenar la destrucción de los registros telefónicos de Cartes y sus allegados, quienes se comunicaron insistentemente con el excomandante de la Policía Nacional, Crio. Críspulo Sotelo, entre el 31 de marzo y 1 de abril.

Cameron admitió la demanda tras las inhibiciones de dos colegas, y ahora resultó recusada. Si bien la jueza rechaza los términos, decidió apartarse por “decoro y delicadeza”.

Ahora, el expediente fue al juzgado de Rocío González, quien debe definir si acepta o no intervenir.

El Partido Liberal pidió los registros telefónicos de Cartes, Canillas, Ortiz y de Arnaldo Franco, secretario privado de presidencia; demás de los senadores colorados Juan Darío Monges y Lilian Samaniego, del exministro del Interior, Tadeo rojas y del actual, Lorenzo Lezcano.

Fue ante la negativa de la fiscala Raquel Fernández, que investiga el homicidio del joven dirigente Rodrigo Quintana en el local partidario. La agente no pretende llegar a posibles instigadores y responsables de la orden de atraco al PLRA.

A la Cámara

En el fuero penal, los familiares de Quintana pidieron el control judicial y que se soliciten los registros de teléfonos, pero la causa está sin juez porque ayer Paublino Escobar impugnó la inhibición de su colega Alcides Corbeta, y el expediente fue a la Cámara de Apelaciones.

Fiscales confirmados

La Fiscalía General del Estado rechazó recusaciones contra ocho agentes que indagan hechos violentos. En el caso fabricación de bombas molotov en el PLRA, se confirmó la intervención de Eugenio Ocampos, mientras que en el caso quema de Congreso se ratificó a los adjuntos Roberto Zacarías, Alba Rocío Cantero, Federico Espinoza y Lourdes Samaniego, y a los fiscales Yolanda Portillo, Hernán Galeano y María Abed.

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