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El magistrado tomó la determinación a raíz de la falta de sometimiento de ambos al proceso, pues no han sido ubicados en sus respectivos domicilios ni se han presentado en tribunales para interiorizarse de su proceso.
“Comprobado de que son personas que fueron citadas para la comparecencia de la audiencia de imposición de medidas y no pudieron ser ubicadas en sus domicilios particulares, el juzgado decretó el estado de rebeldía, de acuerdo con los artículos 82 y 83 de Código Procesal penal, con lo cual viene implícita la detención de los mismos, a los efectos de que una vez detenidos se presenten en el juzgado a mi cargo y podamos tomar las medidas cautelares que correspondan para los mismos”, explicó Amarilla.
Estas dos personas forman parte del grupo de 21 imputados por los disturbios en los alrededores de la Plaza de Armas y la toma del edificio del Congreso Nacional la noche del 31 de marzo de este año. Perturbación de la paz pública, daños a cosas de interés común y hasta hurto agravado son los hechos punibles investigados en esta causa.
Caso “bomba molotov”
Amarilla también estuvo a cargo de la causa abierta a los jóvenes imputados por supuesta fabricación de bomba molotov en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Stiben Patrón Cáceres, Luis Osvaldo Sánchez y Brian Martínez.
En este proceso, se investiga el hecho punible fabricación ilícita y hechos punibles conexos de la Ley 4036/10 “De armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines”.
En esta causa, Amarilla fue recusado por Patrón y Sánchez y si bien ambas recusaciones fueron descartadas por la Cámara de Apelación, 1ª sala, dicha resolución fue recurrida ante la Corte Suprema de Justicia.
Pide levantar detención
Por esta razón, el expediente está actualmente a cargo del juez penal de garantías Humberto Otazú, quien deberá resolver un pedido de levantamiento de la orden de detención decretada el 5 de junio pasado por el fiscal Eugenio Ocampos contra Brian Martínez.
La petición fue realizada por las abogadas Kattya González y María Esther Roa, que sostienen que el agente fiscal no tiene potestad de decretar la medida restrictiva de libertad que pesa contra su defendido.
Refugio provisorio
Por otro lado, los procesados Osvaldo Aquino Notario, Luis Osvaldo Sánchez González, Brian Esteban Martínez, Rubén Galeano Cáceres y Raúl Alberto Cáceres González solicitaron refugio en el Uruguay porque se consideran perseguidos políticos en Paraguay.
Todos están procesados por la toma del Congreso y además, Sánchez y Martínez afrontan en forma paralela un proceso por supuesta fabricación de bombas molotov.
El gobierno uruguayo les concedió documentación provisoria, mientras el Consejo Nacional de Refugiados estudia el caso.