El presidente del Brasil, Michel Temer, firmó el 1 de octubre último el decreto N° 9516, que promulga el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, documento que había entrado a regir en el plano jurídico externo al vecino país, el 25 de setiembre.
Así se unió Brasil a Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Panamá y Uruguay, los seis países de Latinoamérica que ya ratificaron este protocolo que entró en vigor y que rige en más de 40 estados parte.
El protocolo establece sistemas de trazabilidad de los cigarrillos implementando una serie de medidas, como licencias especiales que el Estado deberá emitir tanto para el cultivo de tabaco como para la producción y venta de toda la materia prima y las maquinarias para la fabricación de cigarrillos.
También prevé un sistema de rastreo de las cajetillas de cigarrillos, incluida la obligación por parte de los fabricantes de informar a quiénes venden el producto, qué cantidad venden, de cuántos consumidores se estima el mercado y demás. Hasta quienes realizan el transporte de las cajas de cigarrillos deberán tener una autorización especial para eso.
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Igualmente deberán tener licencias especiales los importadores, que deberán proveer todos los datos que justifiquen tanto el origen como el destino de los cigarrillos. Incluso las tiendas tendrán que tener un registro especial para vender cigarrillos y deberán declarar cuántos consumidores los compraron y demás. Se prohibirá la venta de productos con tabaco a través de internet u otra tecnología informática.
Inteligencia
A través del protocolo, los países firmantes acuerdan crear una instancia internacional y la conformación de una red de intercambio de información respecto a la trazabilidad y toda la cadena de producción, transporte, distribución y venta de cigarrillos. Una plataforma de acceso a detallada información acerca de la fabricación de los cigarrillos y hasta de la venta de maquinarias para su producción tendrán así los estados firmantes del protocolo, con distintos niveles de confidencialidad.
Igualmente se comprometen a implementar la infraestructura necesaria para combatir el ingreso, transporte y venta de cigarrillos ilegales, o sea, en negro o de contrabando.
Penas severas
El protocolo prevé sanciones severas, que pueden llegar a ser penales e incluso la cárcel, para quienes produzcan, transporten o realicen transacciones comerciales de cigarrillos sin las licencias necesarias. Lógicamente, se establecen penas para quienes falsifiquen estos permisos. Todas las medidas comenzarían a regir paulatinamente en los próximos años.