Los procesos de ambos legisladores vienen de ser paralizados durante varios años, en un presunto “pago de favores” por haber apoyado el proyecto de reelección por enmienda de Horacio Cartes y Fernando Lugo (ver la infografía).

Sin embargo ahora, con el cambio de gobierno y el fortalecimiento de la lucha ciudadana en contra de la impunidad, las causas se están reactivando en la Sala Constitucional de la Corte.

En cuanto a los fueros que dicen tener, la Justicia de la Argentina resolvió que el Parlasur no da fueros a los políticos procesados en ese país. A su turno en Brasil los congresistas no tenía fueros pero su garantía era que solo podían ser juzgados por su Corte Suprema. Sin embargo, ahora pueden ser procesados, inclusive, por juzgados menores.

Todo lo contrario ocurre en Paraguay, donde continúa el debate sobre si los parlasurianos tienen “fueros” pese a que el organismo fue creado años después de la Constitución de 1992.

La Carta Magna fijó la inmunidad legislativa exclusivamente a miembros de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

El Paraguay tiene 18 de estos legisladores, cada uno gana al mes G. 36 millones y mantener toda la delegación cuesta US$ 4.612.000 al año pese a que este “Parlamento” no puede dictar leyes obligatorias en ningún país.

Los procesos

Enzo Cardozo enfrenta dos procesos, ambos por estafa y lesión de confianza siendo ministro de Agricultura (2011-2012). Posteriormente fue senador del 2013 al 2018 y en dicho periodo llego a ser miembro del Consejo de la Magistratura.

En 2014 el legislador incluso amenazó a la fiscala Claudia Criscioni por haberlo imputado y calificó de “chiquilina caprichosa” a la agente fiscal.

Se lo acusa, por un lado, de desvío G. 68.265 millones en un fraude de producción agrícola, y en otro caso de desvío de G. 3.700 millones. El juez de la primera causa es Gustavo Amarilla.

Por otro lado, Pedro Duré (PLRA, llanista) se encuentra acusado por el negociado de la compra de tierras de la firma San Agustín SA en que el perjuicio al Estado fue de G. 46.000 millones, siendo gobernador y miembro del consejo del Indert.

Este fue un negociado electoral entre el PLRA y el Unace para apoyar la alianza opositora del 2013.