El punto 4 del comunicado de la ONU dice: “En este sentido, algunas agencias que forman parte de la ONU tienen entre sus atribuciones brindar servicios en procesos de adquisiciones y contrataciones, a solicitud y con fondos del Estado”.
La Ley 686/78, que aprueba y ratifica el acuerdo sobre asistencia técnica, en su artículo I, inc 2, establece que el PNUD solo prestará asistencia en virtud de este acuerdo en respuesta a solicitudes presentadas por el gobierno y aprobadas por el organismo.
Agrega que se concederá tal asistencia al gobierno, o a la entidad que EL GOBIERNO designe, y se proporcionará y recibirá de conformidad con las resoluciones y decisiones pertinentes y aplicables de los órganos competentes del PNUD y a reserva de que el organismo disponga de los fondos necesarios.
Además, la misma ley marco establece en su artículo III, Ejecución de Proyectos, Inc 1, que “… el gobierno indicará al PNUD cuál es el organismo de cooperación que será directamente responsable de la participación del gobierno en cada uno de los proyectos que reciban ayuda del PNUD…”.
El Estado, conforme a la Constitución Nacional, en su artículo 238, tiene como único representante al presidente de la República.
Es por ello que todas las cooperaciones técnicas, donaciones, inclusive préstamos, es el jefe de Estado quien aprueba y autoriza la firma de los mismos a los ministros de cada cartera que requiera de asistencias o cooperaciones.
Los mismos funcionarios del Ministerio de Salud han confirmado que el proyecto entre dicha cartera de Estado y el PNUD, bajo la firma de su representante Lorenzo Jiménez de Luis, para la asistencia administrativa, no cuenta con un decreto presidencial de aprobación del proyecto y autorización para su firma.
La ministra Martínez firmó el mencionado proyecto en representación de la República del Paraguay cuando no tiene la aptitud para hacerlo e invocó una representación que tampoco ostenta.
Sumado a esto, Martínez ha desacatado dictámenes del Ministerio de Hacienda y ha violado innumerables artículos de la Ley de Administración Financiera y de la Ley de Presupuesto, que se aplica en forma supletoria en la ejecución de los proyectos de cooperación con organismos internacionales.
En total, el Ministerio de Salud Pública decidió transferir al PNUD unos US$ 28 millones para la compra de vehículos, equipamientos y medicamentos. Hasta ahora ya se desembolsaron unos US$ 13 millones, sin que se haya recibido nada a cambio. El organismo cobra por la asistencia un 6%, a fin de recuperar los gastos incurridos, afirman.