La Ley de Alianza Público-Privada tiene como objetivo mejorar las condiciones para inversiones de desarrollo en el país, sobre todo en materia de infraestructura.
Antes de su aprobación, este proyecto fue objeto de debates y sobre todo fuertes cuestionamientos por parte de sectores sindicales y organizaciones campesinas.
La administración Horacio Cartes planteó el proyecto desde una óptica exclusivamente económica y logró generar el apoyo del sector empresarial.
El rechazo sindical no tuvo mayor incidencia, sobre todo por el desprestigio y descreimiento de sus líderes.
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La movilización del liderazgo sindical se vio como un intento de mantener privilegios antes que una legítima preocupación por el futuro de las instituciones del Estado ante el supuesto de la venta.
Cartes no contó toda la verdad
En el tema de la Alianza Público-Privado, Horacio Cartes y su equipo contaron una parte de la historia. Hablaron solo de los beneficios de un proyecto.
Sin embargo, no dijeron una palabra de los drásticos cambios que impusieron en la Ley 294/93 “De evaluación de impacto ambiental” a través de un decreto reglamentario.
La ley de impacto ambiental sufrió modificaciones para complementar la ley de alianza.
Las atribuciones de la Secretaría del Ambiente se recortaron y el decreto impuso excepciones en el cumplimiento de la ley de impacto ambiental.
Para evitar la intervención del Congreso Nacional optaron por la vía ilegal de modificar una ley utilizando un decreto.
Absurdo por donde se mire: un decreto no puede estar encima de una ley. En Paraguay sí y de la mano del presidente Horacio Cartes.
Las empresas inversionistas extranjeras buscan países fáciles de vulnerar, cuanto más bajo los impuestos, el costo social y permeables las leyes ambientales, mejor.
No todas las inversiones son necesariamente buenas para el país y uno de los criterios que deben primar es el impacto ambiental que pueden generar.
Como ejemplo, se puede mencionar el caso de la fábrica de aluminio de la firma Rio Tinto Alcan. Se vende el espejito del monto de inversión, pero a un costo altísimo en materia ambiental. Al final se pierde mucho más de lo que se espera ganar.
Decreto 453/13
El Decreto 453/13 no fue promulgado con la intención de reglamentar la Ley 294/93; las buenas intenciones del Poder Ejecutivo son falacias.
El objetivo real de la administración Horacio Cartes es disminuir la injerencia de la Secretaría del Ambiente en aquellos proyectos de inversión que pueden ser tener cuestionamientos por sus impactos.
Horacio Cartes logró dejar de lado al Congreso en la decisión de inversiones y a la Secretaría del Ambiente en temas inherentes.
El Poder Ejecutivo tomará las decisiones en forma unilateral, con escasos márgenes de control.
Se llegó al punto de imponer a la Secretaría del Ambiente la aprobación previa de sus resoluciones por parte del Consejo de Ministros, tal como dice el artículo 2 inciso 1: “Estas actividades serán determinadas mediante resolución de la Secretaría del Ambiente previa aprobación del Consejo de Ministros del Poder Ejecutivo”.
El Decreto 453/13 se convirtió en una trampa.
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