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El oficialismo colorado logró dominar el Congreso y desplazar a sus oponentes del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por medio de la repartija de cargos y cambio de favores a sus aliados.
El cartismo y el llanismo iniciaron el plan de atropello a la Constitución Nacional en la Cámara de Diputados. Revocaron la representación que tenía ante el Consejo el ahora disidente Julio Javier Ríos y designaron al cartista Clemente Barrios.
Mientras la alianza cartista y liberoluguista en la Cámara de Senadores revocó el mandato del disidente colorado Enrique Bacchetta y ubicó a liberal llanista Enzo Cardozo, acusado por una millonaria “tragada” cuando era ministro de Agricultura durante el gobierno de Fernando Lugo.
La Carta Magna claramente señala en su Art. 263º que los miembros del Consejo durarán tres años en sus funciones y en el Art. 225º que solo pueden ser removidos por el procedimiento del juicio político.
Jurado
El oficialismo cedió la representación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados al diputado liberal llanista Sergio Rojas en reemplazo del liberal efrainista Eusebio Alvarenga.
En cuanto a la Cámara de Senadores, la mayoría integrada por cartistas, llanistas, luguistas y oviedistas decidió cambiar la representación de Adolfo Ferreiro de Avanza País por el oviedista Jorge Oviedo Matto.
La Constitución en su Art. 253º dice que el funcionamiento del Jurado estará regulada por la Ley 3759º, en cuyo Art. 3º dice que los miembros durarán en sus funciones hasta que cumplan el periodo por el que hubieran sido electos; es decir, 5 años.
La remoción de los miembros que sean parlamentarios se establece en el Art. 190º, que señala que solo pueden ser removidos de sus cargos por incapacidad física o mental, declarada por la Corte Suprema de Justicia, situación que no se da con los parlamentarios destituidos.
Acción
Los diputados y senadores defenestrados como miembros del Consejo y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados presentaron acciones de inconstitucionalidad ante la Corte por la remoción ilegal de la que fueron víctimas.
Esperan que la máxima instancia judicial actúe de la misma manera que lo hizo cuando el senador Óscar González Daher fue repuesto judicialmente como representante de la Cámara de Senadores ante el Jurado de Enjuiciamiento. Una mayoría circunstancial también lo sacó del cargo.
La prueba más palpable de cómo el poder político de turno somete a la justicia se muestra claramente en el caso de la esposa del senador González Daher, Nélida Chávez, salpicada en una falsificación de hipotecas en favor del Grupo Favero, empresa que le reclamaba el pago de 23 millones de dólares que habían sido acreditados a los Raiter.
En mayo de este año, el fiscal Ángel Ramírez, que investigaba a la esposa del actual presidente del JEM, fue enjuiciado y suspendido por el órgano que preside el legislador.