Cartes en su informe final al Congreso destacará los logros de su administración y del “gran avance” del país en los últimos cinco años, enfatizando en obras de infraestructura, reducción de la pobreza, un crecimiento económico sostenido y la inserción del Paraguay a nivel internacional cambiando supuestamente de imagen.

Sin embargo, el empresario devenido político fracasó en cumplir con su promesa electoral de reducir drásticamente la pobreza en el país. Según datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, desde el 2012 al 2017 la pobreza total se redujo de 31,37% a 26,40%, lo que revela que casi dos millones de paraguayos siguen en la pobreza. En el mismo periodo, la pobreza extrema de 7,38% bajó a 4,47%.

Este es uno de los mayores reclamos al gobierno colorado cartista. No creó masivamente fuentes de trabajo como prometió y la desigualdad y la informalidad económica siguen siendo muy altos, uno de los mayores en Sudamérica, pese al crecimiento económico constante de 4% anual en el último quinquenio.

El mandatario por provenir del sector privado arribó con el compromiso de cambiar el corrupto e ineficiente aparato estatal. Durante su gobierno no emprendió ninguna reforma visible de la estructura estatal que sigue con miles de funcionarios que no están preparados para su función o son planilleros. Los servicios públicos continúan con serios problemas, como los cortes de energía de la ANDE, de agua y los hospitales sin profesionales y medicamentos suficientes.

La corrupción sistémica estatal goza de buena salud y Cartes, más que transformar, utilizó las instituciones públicas en forma prebendaria para conseguir apoyo político. Las binacionales Itaipú y Yacyretá le sirvieron para ubicar a políticos impresentables y amigos. Uno de sus propios colaboradores, el ahora gobernador electo de Paraguarí Juan Carlos Baruja tiró al tacho la propaganda cartista de la meritocracia para el acceso al empleo público cuando en un mitin político recomendó a los colorados presentarse a todos los concursos de méritos, ya que siempre ganarán con un “empujoncito” desde el gobierno.

Uno de los legados más nefastos del cartismo es el retroceso institucional. Cartes, luego de repetidas afirmaciones de que no iba a buscar la reelección, cambió de opinión y arremetió con todo. Sometió a varias instituciones, como la Justicia Electoral, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y a un amplio sector parlamentario, que se prestaron a su ambición de poder sin importar la violación de la Constitución que no permite la reelección. Generó una crisis política que terminó con la quema parcial de la sede del Congreso, el atraco al PLRA y el asesinato del joven liberal Rodrigo Quintana.

Cartes, como otros presidentes de la transición, se hizo de obsecuentes en la Corte, la Justicia Electoral, la Fiscalía y el Parlamento, con lo que concentró el poder político y debilitó el funcionamiento institucional del país. Su fuerza no solo se basó en lo político sino también en su gran caudal económico con lo que él públicamente se jactaba de financiar campañas electorales de políticos.

La corrupción a gran escala, aquella en que están metidas personas de su entorno, entre políticos y empresarios, también afectó a la administración cartista. En seguridad, fracasó en el combate al EPP que burló su promesa de que los grupos criminales no le iban a marcar la agenda.